Abogado de carrera, comunicador por vocación. Experto en marketing y comunicación política. Nerd alternativo, rockero, memero y periodista rebelde.
Director de Central San Luis y Think Media Lab.
La presencia del asesor legislativo Carlos Arzate en la sesión donde se aprobó la Ley de Ingresos de Villa de Pozos genera dudas sobre la independencia de la nueva presidenta concejal, Patricia Aradillas, y posibles influencias externas en su administración.
Investigación del caso Jorge Dávila vuelve a tambalear tras nuevas filtraciones en la Fiscalía de SLP, evidenciando falta de control bajo el mando de Manuela García Cázares y riesgo de impunidad por violaciones al debido proceso.
Aunque se presenta como una regulación tecnológica, su diseño y alcances permitirían al Estado perseguir, intimidar y silenciar el trabajo periodístico y la crítica pública.
Mientras México atraviesa una crisis política y el Senado debate la inseguridad tras el asesinato del alcalde de Uruapan, la senadora Ruth González Silva inaugura una exposición fotográfica en la que omite reconocer a los autores, priorizando el lucimiento personal sobre los temas urgentes del país.
El abogado José Mario de la Garza Marroquín advirtió que la iniciativa del diputado Héctor Serrano para penalizar el “uso indebido” de la inteligencia artificial podría derivar en censura, persecución política y criminalización de la crítica bajo el pretexto de combatir los deepfakes.
La abogada Natalia Castillo denunció posibles represalias tras exhibir una fiesta en horario laboral encabezada por la magistrada Silvia Torres Sánchez, a quien acusó de usar su relación con el gobernador y el secretario general de Gobierno para identificar la filtración; lanzó un reto público pidiéndole que renuncie.
Gerardo Sánchez Zumaya reconoce el valor histórico y cultural del Xantolo en la Huasteca potosina, resaltando su importancia como patrimonio vivo y símbolo de identidad regional.
La magistrada Silvia Torres Sánchez, hermana del secretario general de Gobierno J. Guadalupe Torres, fue exhibida por celebrar su cumpleaños en horario laboral mientras una niña autista sigue sin recibir pensión. Un escándalo que revela el cinismo y la impunidad en el Poder Judicial de San Luis Potosí.
La Federación Mexicana de Charrería enfrenta una ola de críticas por presunto favoritismo y corrupción al mantener el Congreso Nacional en San Luis Potosí. Charros y afición acusan al gobernador Ricardo Gallardo de usar el deporte nacional como escaparate político y negocio personal.
La Auditoría Superior de la Federación confirmó que el Gobierno de San Luis Potosí no entregó más de 219 millones de pesos destinados a universidades y bachilleratos públicos en 2024, contradiciendo las declaraciones del gobernador Ricardo Gallardo.
