Abogado de carrera, comunicador por vocación. Experto en marketing y comunicación política. Nerd alternativo, rockero, memero y periodista rebelde.
Director de Central San Luis y Think Media Lab.
Documentos revelan cómo Héctor Serrano, operador de Mancera, pactó una concesión ilegal de taxímetros digitales con presuntos estafadores, desatando un litigio millonario que México apenas logró ganar.
Un grupo de ciudadanos católicos entregó una carta al Arzobispado de San Luis Potosí pidiendo que el mandatario estatal no asista al evento para evitar protestas y preservar la solemnidad.
La salida de Fernando Chávez del Ayuntamiento de San Luis Potosí ocurre en medio de versiones sobre un conflicto con el alcalde Enrique Galindo y un posible reacomodo político en su gabinete.
Análisis sobre la polémica del PVEM en San Luis Potosí tras críticas a Morena por medidas contra el nepotismo y el uso del discurso de género en el debate político.
El Informe de Fiscalización 2024 observó un pago de 147 mil 500 pesos entregado al ex comisionado presidente de la CEGAIP, David Menchaca Zúñiga, al considerar que no existe sustento legal para esa indemnización.
El regidor Gustavo Mercado Garay pone en duda la subasta de terrenos municipales, aunque preside la comisión encargada de supervisar su transparencia en San Luis Potosí.
Polémica en San Luis Potosí por la Procesión del Silencio: ciudadanos cuestionan la posible politización del evento tras el anuncio de la participación del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, poniendo en riesgo su carácter religioso y tradicional.
El Ayuntamiento de San Luis Potosí concretó preacuerdos de venta para 13 de 18 terrenos subastados, con una recaudación proyectada de 658 millones de pesos.
Familiares denuncian presunto uso excesivo de la fuerza por parte de la Guardia Civil Municipal en Soledad de Graciano Sánchez tras un error en la identificación de un sospechoso.
Musa Hasahya Kasera, conocido por tener más de 100 hijos en Uganda, decide frenar el crecimiento de su familia ante el aumento del costo de vida y las dificultades económicas.
Jubilados del Poder Judicial del Estado exigen el pago de pensiones atrasadas y el aumento del 3% pendiente desde 2025; denuncian retrasos recurrentes desde 2022.
