En septiembre de 2020, el Papa Francisco suspendió a Giovanni Angelo Becciu de sus funciones y le retiró los “derechos asociados al cardenalato” tras destaparse que manipuló fondos de la Secretaría de Estado Vaticana y donó 125 mil euros a una asociación vinculada a su familia en Cerdeña. Pese a ello, nunca se formalizó su expulsión del Colegio de Cardenales ni se le pidió renunciar por escrito, un vacío legal que Becciu invoca para defender su elegibilidad. En diciembre de 2023, fue el primer cardenal condenado por el tribunal penal del Vaticano, acusado de delitos de fraude fiscal, abuso de poder y malversación de fondos en la compra de un edificio en el barrio de Chelsea, Londres.
Según la constitución apostólica Universi Dominici Gregis, sólo los cardenales menores de 80 años que no hayan renunciado expresamente a sus derechos pueden votar en el cónclave. No obstante, tras la suspensión de Becciu, la Oficina de Prensa de la Santa Sede lo catalogó como “non-elector”, al igual que aquellos que superan el tope de edad. Esta decisión administrativa, sin base en un decreto explícito de expulsión, es el centro de la controversia: Becciu alega que ningún documento formaliza su exclusión, por lo que mantiene el derecho a votar.
“El Papa reconoció mis prerrogativas cardenalicias como intactas, ya que no hubo voluntad explícita de excluirme del cónclave ni petición de mi renuncia por escrito”, declaró Becciu al diario Unione Sarda. Por su parte, la Santa Sede sostiene que, si bien todos los cardenales pueden asistir a las congregaciones generales preparatorias, la entrada al recinto del cónclave está reservada a los electores oficialmente reconocidos. Hasta que un eventual recurso judicial modifique esta calificación, Becciu figura en las estadísticas vaticanas como no apto para emitir voto.
