La madrugada del pasado domingo, en la comunidad de Peñasco, una familia fue destruida por la violencia: tres mujeres —una madre y sus dos hijas— fueron asesinadas dentro de su propia vivienda, y una niña de apenas 11 años sobrevivió, pero con graves heridas. La Fiscalía ha activado el protocolo de feminicidio, mientras dos líneas de investigación permanecen abiertas sin detalles públicos.
Este caso se suma a otros varios donde sistemáticamente se ha estado asesinando a mujeres en zonas rurales y marginadas, lo cual deja en evidencia las profundas condiciones de desigualdad que imperan en estas regiones, así como la clara omisión y falta de atención por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Es una tragedia que no sólo duele: también revela el abandono estructural en que viven miles de mujeres y familias. No podemos seguir normalizando que niñas y mujeres sean atacadas en sus propios hogares sin que su muerte evoque reformas urgentes. Es imprescindible visibilizar estas tragedias como feminicidios que reflejan patrones estructurales: impunidad, deficiencia institucional y ausencia de políticas públicas de protección real.
La justicia no puede esperar. La sociedad civil, los organismos de derechos humanos, los gobiernos estatales y municipales deben actuar unidos para que ninguna mujer pierda la vida por su condición de sexo. Y para que una niña herida de bala no tenga que sufrir doble violencia: la de quien dispara y la del silencio colectivo.
Aunque en San Luis Potosí —como en muchas otras entidades— existe una declaratoria de alerta de género, en comunidades como Peñasco esta herramienta institucional ha demostrado ser prácticamente inoperante. La alerta, tal como está diseñada y ejecutada, no alcanza a transformar realidades cuando no se acompaña de presencia efectiva, presupuesto, ni voluntad política. Para muchas mujeres en zonas rurales, sigue siendo una figura lejana y abstracta.
Es urgente llevar información y acompañamiento directamente a estas comunidades: explicar con claridad qué recursos existen, a dónde pueden acudir, y garantizar que esas rutas sean accesibles, funcionales y libres de revictimización. Pero más allá del Estado, también es nuestra responsabilidad como sociedad civil, colectivos, medios y ciudadanía organizada, tender puentes, visibilizar estas historias y acompañar a quienes viven en riesgo permanente.
Ese es el compromiso que hoy debemos asumir, sin excusas ni demora.
