¿Puede celebrarse la caída de un capo cuando las estructuras que lo sostuvieron siguen intactas? ¿Es este un giro de fondo en la estrategia de seguridad o solo un golpe de alto impacto mediático? ¿Quiénes dentro del poder permitieron que el CJNG se convirtiera en un imperio criminal?
La noticia recorrió el mundo con la velocidad de lo extraordinario: Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del (CJNG), habría sido abatido por fuerzas del Estado mexicano. El hombre por quien ofrecía 15 millones de dólares. El capo que durante casi cuatro décadas consolidó una de las organizaciones criminales más violentas del planeta. Confirmados plenamente los hechos, estamos frente al golpe más importante al narcotráfico en años.
Pero la historia mexicana obliga a desconfiar de las victorias inmediatas.
El CJNG no nació de la nada. Creció durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se expandió territorialmente durante el sexenio de Andrés Manuel Lopez Obrador bajo la controvertida consigna de “abrazos, no balazos”, y hoy enfrenta un golpe frontal bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum. Tres administraciones distintas. Un mismo monstruo fortalecido.
Aquí está el punto incómodo: ningún cártel alcanza esa dimensión sin complicidades políticas, sin protección institucional, sin redes financieras que lo integren a la economía formal. Pensar lo contrario es ingenuidad o encubrimiento.
En 2006, Felipe Calderón Hinojosa declaró la guerra al narcotráfico. La violencia se disparó y el país entró en un ciclo que no ha cerrado. Años después, el llamado Culiacanazo exhibió la fragilidad del Estado ante la presión armada del crimen organizado. Hoy, tras el abatimiento del Mencho, las escenas de incendios, bloqueos y terror en distintas regiones —incluyendo destinos turísticos como Puerto Vallarta en Jalisco, demuestran que la capacidad de respuesta del CJNG no dependía exclusivamente de un hombre.
La eliminación de un líder es un mensaje de fuerza. Pero también puede ser el inicio de una fragmentación violenta.
El especialista Edgardo Buscaglia ha insistido durante años en que la única forma real de desmantelar organizaciones criminales no es únicamente capturando o abatiendo capos, sino atacando cinco frentes simultáneos: el financiero, mediante congelamiento de activos y extinción de dominio; el político, investigando y sancionando redes de protección; el judicial, garantizando fiscalías autónomas y jueces independientes; el internacional, coordinando inteligencia y persecución patrimonial; y el social, reconstruyendo territorios capturados por la economía criminal. Su advertencia es directa: sin tocar la red política y empresarial que protege al cártel, la cabeza cae y otra ocupa su lugar.
Ahí radica la prueba histórica para el actual gobierno.
Porque celebrar el operativo sin abrir investigaciones profundas sobre posibles colusiones sería repetir el guion que México ha visto una y otra vez: espectáculo táctico, silencio estructural. La pregunta no es si el Estado puede abatir a un capo. La pregunta es si puede desmantelar las alianzas que lo hicieron posible.
La presidenta Sheinbaum parece enviar una señal de ruptura respecto a la estrategia anterior. Y eso, políticamente, es significativo. Pero el verdadero parteaguas no será el operativo en sí, sino lo que ocurra después: auditorías financieras, procesos judiciales contra funcionarios coludidos, transparencia en la reconstrucción de los territorios afectados.
De lo contrario, el país podría estar ante una victoria simbólica que oculte una continuidad estructural.
México no necesita solo golpes espectaculares. Necesita limpieza institucional.
Un líder menos puede ser noticia mundial. Un sistema intacto sería la verdadera derrota.
Hasta la próxima.
