Detrás del aparente interés por “proteger a la sociedad” del uso indebido de la inteligencia artificial, el diputado local del PVEM, Héctor Serrano Cortés, ha presentado una iniciativa que más bien parece un sofisticado intento de censura. Bajo el discurso del combate a la desinformación, su propuesta introduce figuras penales que amenazan directamente la libertad de expresión en San Luis Potosí.
El proyecto busca incorporar al Código Penal sanciones de hasta 12 años de prisión para quienes elaboren o difundan contenido generado con IA que “provoque alarma social” o manipule información institucional. La ambigüedad de esos términos es el corazón del problema: ¿quién define qué es “alarma” o “manipulación”? En manos de las autoridades, tales conceptos se convierten en herramientas de control político más que en instrumentos de justicia.
El texto incluye una excepción para periodistas, artistas, humoristas y críticos políticos, siempre y cuando el contenido no tenga “intención dolosa”. Sin embargo, esa misma condición anula la garantía: el dolo depende de la interpretación del poder. En otras palabras, la supuesta protección es una puerta giratoria que puede cerrarse en cualquier momento contra la crítica incómoda.
Pero el punto más grave está en el artículo 187 Ter, que prohíbe el uso de la imagen, voz o identidad digital de cualquier persona sin su consentimiento expreso. Bajo esa redacción, la sátira, la parodia y la crítica política quedarían virtualmente prohibidas, aun cuando se trate de figuras públicas. Es decir, la iniciativa criminaliza el derecho a cuestionar al poder, incluso mediante formatos creativos o humorísticos.
A esto se suma una cláusula particularmente reveladora: si los hechos ocurren durante un proceso electoral, las penas aumentarán hasta en una mitad. Esa sola línea desnuda el verdadero objetivo del proyecto: blindar a los actores políticos frente al escrutinio ciudadano en los momentos más decisivos para la democracia.
Lo que se presenta como una regulación ética de la tecnología es, en realidad, una estrategia legislativa para silenciar la disidencia. La iniciativa no protege a la ciudadanía de los abusos de la inteligencia artificial; protege al poder de la inteligencia ciudadana.
Desde Ciudadanos Observando, denunciamos esta propuesta como una trampa legal disfrazada de modernidad, un retroceso que pone en riesgo derechos fundamentales como la libertad de expresión, la crítica y el acceso a la información. Si este proyecto avanza, lo que se estará penalizando no será la desinformación, sino la capacidad de pensar y cuestionar libremente.
