Lo que comenzó como una reunión a puerta cerrada entre «amigos» de la política en 2015, terminó convirtiéndose en una amenaza financiera de 2 mil millones de dólares contra el Estado mexicano. En el centro de la trama aparece un nombre conocido por las sombras del poder en la capital: Héctor Serrano Cortés.
Según el artículo periodístico «Döring, Mancera y una app: la historia de cómo querían sacarle 2 mil 100 mdd a México», publicado por el medio nacional SinEmbargo.mx El hoy coordinador de la bancada del Partido Verde (PVEM) en el Congreso de San Luis Potosí y antiguo brazo derecho de Miguel Ángel Mancera, no solo fue el artífice de una red de espionaje y represión; también fue el «facilitador» de un esquema de corrupción que involucró a personajes buscados por la Interpol y concesiones otorgadas con la misma facilidad con la que se firma un autógrafo.
En 2015, mientras Serrano ostentaba el cargo de Secretario de Movilidad (Semovi), abrió las puertas de su oficina a Santiago León Aveleyra —hoy prófugo de la justicia— y Eduardo Zayas, un sujeto con antecedentes de fraude. Sin licitación, sin software funcional y sin experiencia técnica, estos personajes le vendieron a Serrano el proyecto de los taxímetros digitales L1BRE.
Documentos consultados por el medio que pública la información, confirman que la Semovi no solo aceptó el proyecto, sino que ayudó a redactarlo. A través de correos electrónicos personales, funcionarios de Serrano daban instrucciones a los empresarios sobre cómo solicitar la concesión, saltándose cualquier protocolo de transparencia.
«Les está ganando la ambición… quieren hacer obligatorio el pago de los diez pesos«, confesó el propio Santiago León en mensajes de texto, refiriéndose a la intención de Serrano de imponer un cobro forzoso a los taxistas y usuarios para inflar las ganancias del negocio.
La red de complicidades no fue exclusiva del «mancerismo». El panista Federico Döring actuó como el puente de plata, «planchando» las reuniones entre los estafadores y Serrano. Según las evidencias presentadas ante tribunales internacionales, el panista incluso tenía la mira puesta en expandir el negocio a Querétaro y Quintana Roo, demostrando que en el tráfico de influencias no existen colores partidistas.
Un triunfo legal contra la herencia de la corrupción
El pasado 26 de marzo de 2026, el CIADI finalmente rechazó las reclamaciones de las empresas Espíritu Santo Holdings y L1bre Holding. Las compañías pretendían que México les pagara una indemnización estratosférica por una «pérdida de inversión» que nunca existió, pues el proyecto era un cascarón vacío basado en documentos falsos.
La defensa del Gobierno de México fue contundente: Serrano otorgó una concesión para la cual no tenía facultades legales. Los taxímetros son competencia de la Secretaría de Economía y la Profeco, pero en el afán de concretar el «negocio», a Serrano poco le importó la ley.
El refugio potosino
Mientras el Estado mexicano pasaba seis años defendiéndose en tribunales de Estados Unidos por sus decisiones, Héctor Serrano se reciclaba políticamente. Tras ser señalado por espionaje y por la represión policial de 2012, hoy opera desde San Luis Potosí, un bastión del PVEM donde la sombra de sus gestiones en la CDMX parece no haber llegado… hasta ahora.
