En la antesala de la sesión extraordinaria del Congreso del Estado, el Partido Acción Nacional enfrenta una disyuntiva que, en realidad, no debería serlo: votar en contra de la llamada “Ley Ruth”, una iniciativa impulsada desde el CEEPAC que obliga a que en 2027 la candidatura a la gubernatura sea exclusivamente para una mujer. El trámite exprés, la ausencia de debate y el evidente tufo a línea gubernamental colocan al PAN ante una decisión que toca el centro de su identidad como oposición.
La propuesta llegó al Legislativo y, en cuestión de minutos, fue turnada, discutida y aprobada en comisiones. Un procedimiento tan acelerado que dejó claro que el análisis era lo de menos. El dictamen avanzó con los votos del Partido Verde, Nueva Alianza y el PRI, mientras que Rubén Guajardo —coordinador del PAN— se posicionó en contra, acompañado por las morenistas Nancy García y Gabriela López. Para Acción Nacional, el mensaje fue inmediato: el domingo no hay margen para titubeos.
El PAN ha sostenido históricamente la defensa de la autonomía partidista y la oposición al uso faccioso de la ley electoral. Sus estatutos rechazan la intromisión del poder público en la vida interna de los partidos, y su discurso nacional, alineado contra los métodos de la 4T, abona a la misma lógica. La iniciativa del CEEPAC, elaborada sin discusión técnica y aprobada con una velocidad poco decorosa, contradice ambos principios. Por ello, votar en contra no sólo es coherente: es imprescindible.
Pero entre todos los reflectores, uno apunta con especial intensidad: Aranza Puente Bustindui. La legisladora panista ha mantenido cercanía evidente con el gobernador y con su administración, situación que la coloca como pieza clave en la votación. Su postura podría definir si el PAN presenta un bloque sólido o si exhibe fisuras en un momento políticamente delicado.
La aprobación de la “Ley Ruth” ha sido acompañada de un discurso que la presenta como avance en materia de género. Sin embargo, voces críticas recuerdan que el planteamiento responde a un cálculo político del Ejecutivo estatal y no a una agenda feminista auténtica. Para el PAN, sumarse a una iniciativa construida bajo esa lógica sería conceder al gobierno una victoria legislativa basada más en alineamientos personales que en principios democráticos.
Este domingo el blanquiazul deberá demostrar si se muestra como contrapeso real o si cede ante presiones que buscan vestir de reforma electoral lo que es, en esencia, un movimiento táctico para el 2027. En esa definición, cada voto contará —pero algunos significarán mucho más que otros.
