La filtración del interrogatorio de Eduardo Rafael N., quien admite haber asesinado —por “error” o de manera deliberada— al joven pasante de Estomatología de la UASLP para despojarlo de su vehículo, exhibe nuevamente la profunda irresponsabilidad institucional en la procuración de justicia.
Difundir no solo sus declaraciones, sino también datos personales como domicilio y nombre completo, no es una “estrategia”, es un acto perjudicial que vulnera el debido proceso y expone la fragilidad de un sistema que parece más interesado en generar espectáculo que en sostener un caso sólido ante los tribunales.
En las imágenes filtradas, el presunto homicida aparece sereno, casi como si siguiera un guión, respondiendo sin titubeos a las preguntas del director de la Policía de Investigación, Juan Alejandro Menchaca.
Este tipo de contenido, difundido ilegalmente en redes y medios, abre la puerta para que la defensa, por más débil que sea, argumente violaciones al debido proceso, contaminación de pruebas o presión mediática, elementos que podrían bastar para debilitar la acusación y permitir que el responsable y sus cómplices queden en libertad en cuestión de semanas. Lo que debería ser evidencia reservada se convierte en material de consumo público, con consecuencias jurídicas previsibles y evitables.
Quien pierde más en esta cadena de incompetencias institucionales es, una vez más, la víctima.
Al joven pasante no solo le arrebataron la vida; ahora también le están arrebatando la posibilidad de obtener justicia. Cualquier persona con dos dedos de frente en materia de procuración de justicia sabe que estas filtraciones perjudican el proceso y favorecen al acusado.
Si el caso se cae por esta irresponsabilidad, no será por falta de pruebas, sino por la urgencia absurda de difundir lo que debió permanecer bajo resguardo. Y entonces, la impunidad será responsabilidad directa de quienes creen que la justicia se construye a base de likes y filtraciones.
