El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona espera que se le agradezca casi por cada acción que realiza, aunque sea su labor —incluso cotidiana—. Es por ello que obligan a empleados estatales a comentar y publicar sus posts en redes sociales. Resulta agobiante para quienes incluso tienen que recabar los likes y comentarios mensuales para el semáforo mensual virtual de lambisconeo de burócratas.
Eso es una cosa, pero otra es que obligue a grabarle videos de agradecimiento por básicamente cumplir —muchas veces a medias— con su responsabilidad en materia de derechos humanos y atención a víctimas.
La última: el video de una de las cuatro mujeres varadas en Jordania por el conflicto bélico en Medio Oriente. Es tan evidente la petición, que se nota que una de ellas lee el mensaje de agradecimiento al mandatario estatal por, básicamente, hacer su trabajo: apoyar en su traslado a tierras potosinas.
Pero antes lo hizo con el esposo de Sandra Revilla, antes de la marcha que se llevó a cabo a finales de mayo pasado para exigir justicia, le pidió “agradecer apoyo tras el crimen”. Por cierto, la Fiscalía General del Estado, en rueda de prensa a la cual se convocó a los medios con 10 minutos de anticipación, formalizó el anuncio de dos involucrados en el caso.
También a los médicos jubilados del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” se les pidió reconocer al gobernador “por su voluntad política para restaurar su bono vitalicio mensual para las y los doctores, lo que respalda sin límites a 58 especialistas que dedicaron su vida al servicio de las familias potosinas”. Lo anterior, aunque les redujo el monto al 50 %.
En el caso Rich, donde varios jóvenes resultaron hospitalizados, parte de los costos hospitalarios fueron cubiertos por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), pero también se les pidieron cartas y videos de agradecimiento, denunció en su momento Ramón Infante Guerrero, padre de uno de los jóvenes fallecidos en el programa especial “Expediente” en el noticiero Omar Niño.
Y finalmente, el caso que resulta más indignante por las condiciones de las personas obligadas a dar las gracias al magnánimo gobernador: las madres y familiares de las mujeres privadas de su libertad en el penal de Xolol, por apoyarlas con transporte para poder visitar a sus internas en un penal a varias horas de distancia de sus hogares de origen.
No entiendo esa necesidad de que se le rinda pleitesía. Resulta casi grotesco. Entiendo que casi nadie le puede decir lo que en verdad piensa la gente común ante la obligación de, así sea, dar un like, compartir o grabar un video… y eso resulta muy peligroso en una supuesta democracia.
