Por: Roberto Palacios.
Dicen, los que creen que saben, que hay propuestas que nacen muertas, pero hay otras de sabihondos para las que – evidentemente -, se deben de tener menos de dos dedos de frente, para no entender que nacen, totalmente fuera de la ley; y unas más que, aunque suenen a disparate, absurdamente encuentran eco en aquellos con un gran espíritu de lacayo, y prefieren aplaudir, antes que razonar.
Es el caso del nuevo capricho del gobernador Ricardo el “Cholo” Gallardo, quien con su florido estilo boxístico, descontonero y fajador, ahora pretende apropiarse del cobro del impuesto predial en la Zona Industrial. Una atribución que, según el pequeño escollo denominado Constitución del Estado, le corresponde exclusivamente al municipio de la Capital.
Pero claro, ¿qué son los artículos constitucionales cuando se tiene el deseo Real de expandir el control económico más allá de los linderos de la esfera estatal? Total, money is money, y el dinero no tiene color.
Como segunda voz de este nuevo disparate, entró a escena uno de los mayores corifeos: El diputado local Héctor Serrano Cortés, quien con su voz tupluda, pero ahora seria, y un tono docto e institucional reconoce —muy bien, Hectorín, un puntín para ti—, que el cobro del predial es competencia municipal.
Sin embargo, en un acto digno de gimnasia acrobática, mezclada con magnesia política de alto riesgo, asegura que la propuesta “no es descabellada” (jojojo), y que podría analizarse si así lo quiere el Ejecutivo. Aquí hacemos una pausa para traducir, y va de cuento: Si el rey se manda hacer un traje invisible, nosotros lo aplaudimos y hasta lo estrenamos con él en desfile, más que nos importa que nos muestre todas sus miserias, si ya las mayores, ya las conocemos a partir de su verborrea, – que hoy no sé por qué, me suena cada vez más, a diarrea-..
Porque dígame usted amable lector, o amable lectora, eso es lo que asemeja hoy la actual legislatura, una cohorte de cortesanos con sus mínimas, – habida cuenta de mínimas pero honrosas excepciones-: un grupúsculo que ha renunciado a cuestionar, y que por el contrario se apresura a justificar.
Hoy, en San Luis Potosí ya no se trata de legislar en atención al Estado de Derecho, sino de seguir, cual ovejas, y prolongar la narrativa del Palacio estatal, en su intento de darle credibilidad.
El caso que hoy nos ocupa, el del predial de la Zona Industrial es el ejemplo perfecto: Se busca trastocar el artículo 115 constitucional —que consagra la autonomía municipal y su derecho exclusivo a cobrar el impuesto predial— ello con tal de satisfacer la presunta “preocupación legítima”, de que los dineros lleguen bien recaudados… así sea avasallando las leyes.
Lo más alarmante no es la propuesta, que en sí misma ya preocupante, sino la facilidad con la cual el Legislativo la normaliza.
Que un diputado exprese la posibilidad de reformar lo que claramente está garantizado por la Constitución, es como plantear que el Ejecutivo puede legislar por decreto porque “hay que ser eficientes”.
Con razonamientos falaces como el anterior, no queda más que pensar que hoy es el predial, pero, ¿mañana será la nómina municipal?; ¿los permisos de construcción?; ¿los permisos de comercio?; ¿los permisos de venta de bebidas de baja gradación? De la cheve pues.
Como dirían nuestras abuelas, no queda más que encomendamos al santo o la santa de nuestra mayor confianza, porque habría que recordar si ya una legislatura anterior creó un municipio contrahecho, como los es ahora Villa de Pozos, ¿qué más no querran hacer estos ingratos, frentes cortas?
Así avanza la política en San Luis Potosí: Entre trajes invisibles, cortesanos que no ven (o no quieren ver), donde donde el tuerto es bucanero y es rey, entre una creciente alergia al texto Constitucional.
Y que no nos vaya a sorprender que en el delirio, pronto haya quienes pudiesen proponer la derogación de la Carta Magna, nomás por “entorpecer el buen gobierno”, y por mis puros d’estos, rugió alguien por ahí.
