¿Puede un gobierno decretar la identidad de un pueblo desde un estudio de grabación?
¿Puede un himno nacer de la invitación privada y no de la convocatoria pública?
¿Puede el presupuesto ciudadano financiar la banda sonora de un proyecto político?
En política cultural, pocas decisiones son inocentes. Menos aún cuando se trata de símbolos. Un himno no es una canción cualquiera: es una declaración de identidad, una pieza que pretende condensar historia, memoria y pertenencia. Por eso resulta profundamente delicado —y políticamente revelador— que el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, haya decidido impulsar lo que él mismo ha llamado un “nuevo himno” estatal sin convocatoria pública, sin consulta abierta y con recursos del erario. Así el caso del “himno”, “Viva San Luis” de la agrupación potosina Los Acosta, dada a conocer este jueves 12 de febrero con producción de video incluido.
La discusión no es musical, es pública. No se trata de si la melodía es pegajosa ni de si el grupo convocado tiene trayectoria. Se trata de procedimiento, de legitimidad y de ética cultural. Cuando un gobierno utiliza presupuesto público para producir una obra simbólica de alto impacto identitario, la transparencia y la participación no son opcionales: son indispensables. En este caso, no hubo concurso abierto para compositores potosinos, no hubo deliberación pública sobre la pertinencia de sustituir o complementar los símbolos existentes, no hubo discusión plural. Hubo una decisión vertical. Y bien lo mencionamos en otra columna de este espacio cuando esté proyecto se anunció (https://centralsanluis.mx/efecto-central/himno-a-san-luis-potosi-o-a-la-arrogancia-del-gobernador/)
El grupo elegido —reconocido, popular, con un pasado fuerte en los años noventa— no está en juicio por su talento. Lo que está en cuestión es el método. ¿Por qué ellos y no otros? ¿Por qué por invitación directa? ¿Con qué criterios? Cuando el dinero es público, la selección también debería serlo. De lo contrario, el mensaje es claro: la cultura se administra como botín político, no como patrimonio colectivo.
A ello se suma el debate estético y ético. La pieza presentada remite de manera inevitable a sonoridades asociadas a Carlos Santana, particularmente a la atmósfera rítmica y guitarrística de “Jingo”. No se puede afirmar jurídicamente que exista plagio, pero sí es legítimo señalar una evocación demasiado cercana. Y aquí emerge otro problema: ¿qué identidad se está construyendo cuando el supuesto himno de una entidad federativa parece beber tan marcadamente de una referencia externa? ¿Dónde queda la raíz potosina? ¿Dónde la exploración de sus tradiciones huastecas, altiplanenses o mestizas? La identidad cultural no se impone desde el estudio de grabación ni se maquila con fórmulas probadas de mercado.
Un himno nace del consenso histórico, no del marketing político. La apropiación sonora, cuando se descontextualiza y se reviste de oficialidad, se convierte en una forma de simulación simbólica. Se toma un lenguaje musical reconocible, se le adhiere un discurso local y se presenta como identidad original. Pero la identidad no es un eslogan ni una estrategia audiovisual financiada por el presupuesto estatal.
El momento político agrava la lectura. Apenas hace días, Manuel Velasco, líder nacional del Partido Verde, levantó públicamente la mano de Ruth González, esposa del actual gobernador, como “altamente posicionada” para contender por la gubernatura. Todo ello pese al espíritu de la llamada ley antinepotismo impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca impedir que familiares directos ocupen cargos de gobernanza a partir de 2030. El Partido Verde parece decidido a ignorar el fondo ético de esa reforma y a continuar una línea sucesoria que mantiene el poder dentro de la misma familia.
En ese contexto, la producción de un “nuevo himno” deja de ser un gesto cultural aislado y adquiere un cariz estratégico. Los símbolos consolidan relatos. Los relatos construyen legitimidad. Y la legitimidad allana el camino para la continuidad política. Cuando un gobierno financia su propia banda sonora oficial mientras se perfila una sucesión familiar, la pregunta es inevitable: ¿estamos ante una política cultural o ante un dispositivo de propaganda?
A esto se suman las denuncias persistentes sobre irregularidades presupuestarias, tensiones laborales y afectaciones a trabajadores del estado. Miles de personas han señalado abusos administrativos y decisiones opacas. En ese escenario, destinar recursos a una producción musical de carácter simbólico parece, cuando menos, un despropósito ético. La cultura no puede ser cortina de humo ni herramienta de distracción frente a problemáticas estructurales.
San Luis Potosí no necesita un himno impuesto. Necesita políticas culturales abiertas, convocatorias transparentes, respeto a sus creadores y cuidado escrupuloso del dinero público. La identidad no se decreta, se construye colectivamente. Y cuando un símbolo nace de la imposición, lo que se debilita no es solo la pieza musical, sino la confianza democrática.
Un gobierno que decide componer su propio himno con recursos públicos, sin concurso y en medio de una narrativa de continuidad familiar del poder, no está fortaleciendo la identidad: está administrando el imaginario. Y cuando el imaginario se administra desde el poder sin contrapesos, la cultura deja de ser expresión ciudadana para convertirse en instrumento de control simbólico.
La pregunta final no es si la canción gusta o no. La pregunta es más profunda: ¿a quién pertenece la identidad de un pueblo? Si la respuesta es “al gobierno en turno”, entonces estamos frente a un problema mayor que cualquier melodía. Si la respuesta es “a la ciudadanía”, entonces la ciudadanía merece voz, participación y respeto. Y eso, hasta ahora, ha estado ausente en esta partitura oficial.
Hasta la próxima.
