Las recientes declaraciones del Secretario de Seguridad Pública del Estado resonaron con fuerza en los pasillos del poder local, señalando un supuesto desconocimiento por parte del gobierno capitalino de una «estrategia integral de seguridad» debido a su «ausentismo». La respuesta del alcalde Enrique Galindo Ceballos no se hizo esperar, y lejos de ser una simple refutación, encendió un debate sobre la verdadera naturaleza de la coordinación en materia de seguridad en nuestro estado.
La aseveración del Secretario Juárez Hernández sobre la existencia de una estrategia integral contrasta directamente con la experiencia del alcalde Galindo. Su testimonio pinta un panorama donde la participación de los presidentes municipales en las mesas de construcción de paz se limita a ser meros espectadores de informes, negándoseles la oportunidad de contribuir activamente en la planificación y coordinación de las acciones. La metáfora utilizada por el edil capitalino es elocuente: Ser invitados a una fiesta para ser expulsados justo cuando comienza el baile. Esta imagen no solo denota una falta de cortesía institucional, sino que revela una profunda desconexión entre el discurso de colaboración y la realidad operativa.
Pero la respuesta del alcalde fue más allá de la crítica. Al retomar el punto de las estrategias de seguridad, inexistentes en la Secretaría estatal según su perspectiva, Galindo Ceballos afirmó con contundencia que, por el contrario, en la corporación municipal sí existe una estrategia definida y en marcha. Esta declaración no solo desafía la visión del Secretario, sino que también abre una puerta a la colaboración. Con un tono amable, el alcalde ofreció su experiencia personal en el campo de la seguridad para conformar un proyecto viable, que trascienda el papel de «invitados de piedra» que se les ha asignado hasta ahora.
La seguridad, como bien señala el alcalde, no es una tarea que pueda recaer exclusivamente en un solo nivel de gobierno. Pretender que la esfera estatal opere de manera aislada, sin la activa participación y el conocimiento del territorio que poseen los municipios, es un error estratégico de graves consecuencias. Los alcaldes, como representantes directos de la ciudadanía, tienen una visión cercana de las problemáticas y dinámicas delictivas que afectan a sus comunidades. Su exclusión de las mesas de planificación no solo los priva de la oportunidad de aportar su experiencia y estrategias exitosas, sino que también debilita la eficacia de cualquier plan que se pretenda implementar.
La insistencia en un «esfuerzo compartido» por parte de los tres niveles de gobierno no es una mera declaración retórica, sino una necesidad imperante. La complejidad del fenómeno delictivo exige una visión integral, donde las capacidades y recursos de cada instancia se complementen y fortalezcan mutuamente. Un esquema donde los municipios son relegados al papel de oyentes pasivos, a pesar de contar con estrategias propias y experiencia valiosa, no solo es ineficaz, sino que genera desconfianza y resentimiento, minando la posibilidad de construir un frente unido contra la inseguridad.
Es fundamental que las autoridades estatales reconsideren su enfoque y acepten la mano tendida del gobierno capitalino. La construcción de una estrategia integral de seguridad requiere de la suma de esfuerzos, del intercambio de información y de la coordinación efectiva en todos los niveles. Ignorar la experiencia y las estrategias municipales existentes sería un error costoso. En lugar de mantener a los alcaldes como simples invitados de piedra, es hora de permitirles tomar la pista de baile y aportar su ritmo para construir juntos una seguridad más efectiva y para todos.
