En medio de un escándalo de alcance nacional, en San Luis Potosí se aprobó lo que oficialmente se llama Ley de Paridad, pero que en el imaginario público ya tiene otros nombres: Ley Gobernadora, Ley Ruth. Y no es casual. La reforma tiene una dedicatoria evidente a Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, senadora por el Partido Verde y perfilada desde hace meses, con toda la maquinaria estatal, como su posible sucesora en 2027.
El problema no es menor. Lo que está en juego no es solamente una reforma legal, sino la forma en que el poder se apropia de causas legítimas para convertirlas en herramientas de continuidad política. Se habla de democracia mientras se construyen proyectos de permanencia que rozan lo dinástico. Treinta años en el poder no es una exageración retórica: es el horizonte que se intenta abrir con estas maniobras.
La llamada Ley Ruth choca frontalmente con el discurso federal. Mientras la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ha impulsado una ley contra el nepotismo, el Partido Verde, aliado incómodo pero funcional del oficialismo, se encargó de abrir una rendija legal para que esa prohibición no aplique en San Luis Potosí sino hasta 2030. Traducido al lenguaje político real: se habilita la candidatura de la esposa del gobernador en 2027.
El procedimiento con el que se aprobó la reforma agrava aún más el escenario. El Congreso del Estado y el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) validaron ajustes constitucionales sin consulta pública, sin deliberación amplia y sin una lectura social profunda de sus implicaciones. Legisladores y autoridades electorales actuaron como oficialía de partes del Ejecutivo, dejando la sensación de que las leyes se moldean al gusto del gobernador en turno.
Pero quizá el aspecto más preocupante es el uso instrumental del discurso feminista. La paridad es una demanda histórica, legítima y urgente. Las mujeres deben ocupar espacios de poder en igualdad de condiciones. Nadie discute eso. Lo que se cuestiona es el cómo y el para qué. Cuando un gobernador se coloca el traje de feminista para garantizar la sucesión de su proyecto personal, estamos frente a una simulación peligrosa.
Este no es un fenómeno nuevo. Ya lo vimos a nivel nacional y en otros estados. El caso de Guerrero es paradigmático: Félix Salgado Macedonio, impedido legalmente para ser candidato tras acusaciones de violencia sexual, colocó a su hija, Evelyn Salgado, como gobernadora. El resultado fue el mismo: el macho detrás del trono, el poder patriarcal operando con rostro femenino.
Eso es lo que hoy se intenta normalizar en San Luis Potosí: el poder machista con vestido de mujer. No es feminismo. Es patriarcado reciclado. No se trata de abrir espacios para mujeres luchadoras, activistas, liderazgos sociales o políticas con trayectoria propia, sino de utilizar la paridad como cuota de continuidad, como favor político, como extensión del poder del esposo, del padre o del jefe del clan.
La Ley Ruth, tal como se plantea, abre una puerta peligrosa. Si aplica para la esposa del gobernador, ¿por qué no para la esposa de cualquier alcalde o dirigente partidista? Ya se menciona el nombre de otros actores políticos que podrían replicar el esquema. La paridad, en este contexto, deja de ser un mecanismo de justicia para convertirse en una coartada legal.
Resulta además contradictorio que la ahora Secretaría de las Mujeres en San Luis Potosí sea utilizado como escaparate del supuesto compromiso feminista del gobierno estatal, cuando en los hechos ha sido un organismo dócil, subordinado y sin una agenda transformadora real. Un instituto que administra discursos, pero no incomoda al poder; que acompaña la narrativa oficial, pero no confronta las violencias estructurales ni las desigualdades de fondo.
El panorama político se complica aún más si se considera que la Gallardía parece dispuesta a caminar sola. Morena votó en contra de esta ley en el ámbito local, no necesariamente por convicción feminista, sino por el evidente choque político con el proyecto del gobernador. Desde el ámbito federal se menciona a Rosa Icela Rodríguez como posible carta morenista para San Luis Potosí, lo que anticipa una disputa donde la paridad se convierte en campo de batalla, no en causa.
Queda entonces la gran pregunta: ¿pasará esta ley los filtros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral? Ambas instancias, de mayoría afín al oficialismo, tendrán que decidir si avalan una reforma que, aunque envuelta en lenguaje progresista, huele a nepotismo y concentración de poder.
La paridad es necesaria. El feminismo es indispensable. Pero cuando sus banderas son usadas para fines tan ruines como perpetuar un proyecto personal y familiar, es obligación nombrarlo. No es feminismo. Es simulación. Es patriarcado maquillado. Es poder con vestido de mujer.
Y alguien, en algún lugar, tendría que decirlo en voz alta: las luchas históricas no están para servir a los caprichos de un gobernador. Mucho menos para garantizarle otros treinta años de control político.
Y nos seguimos leyendo, comentando y compartiendo “X” @JuanJoseCamposL
Hasta la próxima.
