La reciente reforma electoral conocida como “Ley Gobernadora” o “Ley Ruth” obliga a que los partidos postulen solo candidatas mujeres para la gubernatura de 2027, una medida que beneficia directamente a la esposa del gobernador Ricardo Gallardo. No es casualidad que medios locales y nacionales la hayan bautizado irónicamente “Ley Esposa”: en el texto aprobado no hay consulta alguna a colectivos de mujeres, sino un mandato de género usado como moneda de cambio política. La propuesta ha desatado un escándalo: la mandataria federal Claudia Sheinbaum advirtió que la norma “no es claro que sirva para ayudar a las mujeres” y recordó que el INE ya garantiza la paridad en candidaturas a gubernaturas. En síntesis, lo que vendieron como paridad parece ser un disfraz para la sucesión familiar.
La cronología de los hechos es demoledora. El 21 de noviembre Paloma Blanco López, presidenta del CEEPAC, aseguró públicamente no haber elaborado ninguna iniciativa de reforma electoral; solo “observaciones técnicas” sobre la elección pasada. Menos de dos semanas después, sin embargo, en la sesión del 5 de diciembre el organismo aprobó de golpe la iniciativa con paridad total que exigía el Ejecutivo estatal. Increíblemente, el 11 de diciembre el Congreso recompensó esta servil obediencia: por un lado infló el presupuesto del CEEPAC en 25 millones de pesos, tras una reunión reservada con diputados, y por otro avaló en comisiones las reformas propuestas. La operación quedó completa: la “Ley Ruth” se envió al pleno sin debate, consolidando un cambio legal diseñado a la medida del gobernante.
La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, dejó entrever que la “Ley Ruth” se utiliza como ardid para favorecer la candidatura familiar de la familia en el poder. En entrevista enfatizó que “en el ’27 no vamos a llevar familiares en la boleta” y anunció que su partido impugnará la reforma ante la Corte, pues considera que limita la libertad de elección ciudadana. Por su parte, la excandidata a la gubernatura Marvely Costanzo (Movimiento Ciudadano) fue más allá: criticó que la reforma usa el discurso de género “para beneficiar a una figura en particular y fortalecer el control político” del gobernador. También en medios se destaca que Morena “marcó distancia” de esta maniobra familiar. En todos los frentes políticos suenan las mismas palabras: nepotismo, privilegios y golpeteo al electorado.
El CEEPAC defiende lo indefendible
Mientras tanto, la presidenta Paloma Blanco salió a justificar el estrambótico proceso. Insiste en que todo fue un ejercicio técnico y legal: afirma que la iniciativa “no fue improvisada, sino resultado de más de un año de trabajo técnico« y que el CEEPAC solo cumplió su facultad de presentar la propuesta, sin inmiscuirse en el trámite legislativo Pero esos argumentos tienen poco eco en el público. ¿Cómo no desconfiar cuando el propio órgano electoral ocultó el proyecto hasta asegurar la aprobación en el Congreso? La respuesta oficial suena a coartada: legalizar una chapuza política, nada más.
La prensa independiente no vacila en calificar de “servilismo” la actitud del CEEPAC. Un artículo de Astrolabio reseña que consejeros y diputados —“guiados por aspiración a un beneficio particular”— pactaron todo en la sombra. Según esa crónica, los consejeros electorales son “incapaces de dotar de valor a su autonomía” y la terminaron “instrumentalizando” al servicio de la “pandilla en el poder”.
Ni los diputados asumen contrapesos democráticos, ni los consejeros su independencia: prefieren “mantenerse en el cargo” con “sus privilegios legítimos… e ilegítimos” antes que hacer valer su autonomía. El resultado es nefasto: el CEEPAC, lejos de ser árbitro imparcial, ha quedado como títere del Ejecutivo, con su legitimidad hecha trizas. Ante esto, difícil imaginar que los ciudadanos confíen otra vez en un instituto electoral tan desacreditado.
