En el proceso de elección judicial de 2025 en San Luis Potosí, lo que debería ser un ejercicio de independencia y mérito se ha convertido, peligrosamente, en una pasarela de intereses políticos orquestada desde el corazón del poder estatal. Todo indica que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, lejos de respetar la autonomía del Poder Judicial, ha permitido —si no es que alentado— que su propio círculo cercano pervierta el proceso, colocando al sistema de justicia bajo una sombra cada vez más oscura.
Dos nombres destacan con fuerza en este escenario de injerencia descarada: el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, y el diputado federal (y padre del gobernador), Ricardo Gallardo Juárez. Ambos, con estructuras financiadas generosamente con recursos públicos, han sembrado sus propios grupos de candidatas y candidatos para ocupar puestos clave como jueces y magistrados. No se trata de aspirantes que llegan con méritos profesionales, sino con respaldos políticos bien definidos. Hoy, la pregunta que flota en el ambiente no es «¿cuáles son tus credenciales?», sino: «¿Y tú con quién andas?»
Esta frase, que se repite como contraseña en pasillos y reuniones privadas, revela la esencia del problema: la justicia ha dejado de ser ciega y ha comenzado a guiñarle el ojo a los intereses del partido verde, partido del gobernador, y de paso, a los de Morena. Porque sí, también el partido guinda ha comenzado a jugar este sucio ajedrez, promoviendo perfiles que, además de servir a sus intereses locales, hacen eco de figuras federales como Lenia Batres, Loretta Ortiz o Yazmín Esquivel, y que no pierden oportunidad para glorificar la polémica reforma judicial de la 4T.
En encuentros privados, las y los candidatos son “alineados” con instrucciones precisas: el partido verde, nos dicen, movilizará su maquinaria territorial para operar en “zonas de interés” durante la elección. Eso sí, se les advierte que no habrá dinero ni recursos, pero que pueden “contar con el apoyo” del partido. Una especie de bendición sin presupuesto, pero con todo el poder del aparato político.
Lo preocupante no es solo la intervención, sino la normalización de la misma. Estamos frente a un esquema donde se ha institucionalizado la cooptación del Poder Judicial, y donde las lealtades políticas valen más que la capacidad jurídica. El gallardismo, en sus múltiples versiones —la del despacho oficial y la de la curul federal—, está cocinando una elección judicial a modo, como si se tratara de colocar fichas en un tablero clientelar más.
La justicia en San Luis Potosí está siendo colonizada. Y mientras eso ocurre, el silencio institucional retumba más fuerte que cualquier discurso de legalidad. A este paso, no elegiremos jueces: elegiremos operadores políticos disfrazados en toga.
