La redistribución territorial impulsada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) para el proceso extraordinario de elección judicial en San Luis Potosí no sólo ha generado malestar entre aspirantes, sino que también provocó un enérgico regaño por parte del secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, a las y los consejeros del organismo electoral.
De acuerdo con fuentes internas del CEEPAC consultadas por este medio, Torres Sánchez —uno de los principales operadores políticos del actual gobierno estatal y pieza clave en la organización de esta inédita elección del Poder Judicial— reprendió a los consejeros por haber aprobado la “distritación” sin consultarlo previamente. El regaño, realizado en una reunión a puerta cerrada, dejó entrever el malestar del funcionario por una decisión que, según diversos testimonios, limita su capacidad para operar políticamente en ciertas regiones del estado.
El CEEPAC definió 13 distritos judiciales y subdistritos con la intención de reducir el número de candidaturas por boleta y facilitar el ejercicio del voto. Sin embargo, esta medida, que debería representar un paso técnico y neutral para organizar la elección, ha sido interpretada por sectores políticos como un obstáculo a sus intereses.
En este caso, las molestias del secretario general de Gobierno no parecen radicar en criterios técnicos, sino en el impacto que la sectorización tendría sobre su estrategia para influir en los resultados del proceso. Según versiones obtenidas por este medio, Torres Sánchez buscaría movilizar las estructuras del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), particularmente en la capital potosina y la zona metropolitana, para posicionar a perfiles afines en el nuevo Poder Judicial.
“La distritación les estorbó”, dijo una fuente cercana al CEEPAC. “Él [Torres Sánchez] tenía ya diseñada una operación territorial para ciertos perfiles, y cuando vio los nuevos límites distritales, su estrategia perdió eficacia. De ahí el reclamo”.
El reclamo, sin embargo, va más allá de lo anecdótico. Representa una preocupante intromisión del Poder Ejecutivo en las decisiones de un órgano electoral que por ley debe actuar con plena autonomía. La presión ejercida por el secretario revela una intención clara de controlar el proceso, poniendo en entredicho la legitimidad de una elección que debería inaugurar un nuevo modelo democrático para el Poder Judicial.
Además, los tiempos con los que se notificó la distritación —apenas unos días antes del periodo vacacional de Semana Santa— contribuyeron a la incertidumbre. Varios perfiles interesados han expresado su preocupación por las dificultades que esto implica para diseñar campañas, alcanzar a la ciudadanía y competir en condiciones de equidad.
