El arranque de este 2026 ha estado marcado por una serie de acontecimientos internacionales que inevitablemente interpelan nuestra conciencia política. En una columna anterior analizábamos la presunta intervención de Estados Unidos en Venezuela, con el objetivo de sustraer al presidente Nicolás Maduro, figura ampliamente señalada como dictatorial por su permanencia forzada en el poder. Más allá del hecho en sí, lo que ha generado un debate significativo es la pregunta sobre quién tiene derecho a opinar y desde dónde se legitima o se invalida esa opinión.
Para algunos, si no se es venezolano, no se debería opinar sobre Venezuela. Para otros, como integrantes de una sociedad global, resulta imposible permanecer ajenos a las implicaciones éticas, políticas y humanas que tiene la intervención de un gobierno sobre otro. Sin embargo, el punto que aquí me interesa no es ese debate en particular, sino uno más profundo: ¿hasta qué punto somos, querámoslo o no, sujetos políticos?
En México, desde hace varios sexenios —y con especial fuerza durante el periodo 2018-2024 encabezado por Andrés Manuel López Obrador— se instaló el término politiquería como una herramienta discursiva para deslegitimar toda crítica que no coincidiera con los intereses del partido en el poder. Una práctica que no solo se mantuvo, sino que ha sobrevivido en el actual sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Bajo esta lógica, cuestionar al gobierno no es un ejercicio ciudadano, sino una maniobra oscura, interesada, casi inmoral.
Paralelamente, se ha extendido entre amplios sectores de la ciudadanía una idea peligrosa: “yo no participo en política porque no creo en los partidos ni en los políticos”. Pero aquí es donde urge hacer una distinción fundamental.
La política no se agota en los partidos, ni en las élites, ni en los cargos públicos. La política comienza en el momento en que una persona actúa en beneficio de la comunidad, toma decisiones con otros, se organiza, cuestiona, propone. Como señaló Hannah Arendt, “la política surge entre los hombres cuando actúan y hablan juntos”. No es una estructura cerrada, sino un espacio vivo de interacción humana.
Desde esta perspectiva, renunciar a opinar o a participar no es neutralidad: es una forma de abandono del espacio público. Max Weber advertía que “quien no se ocupa de la política, deja que otros decidan por él”. Y esos “otros”, casi siempre, son quienes concentran el poder económico, mediático y simbólico.
Aquí es donde el uso del término politiquería se vuelve especialmente perverso. Porque cuando un gobierno acusa a la ciudadanía de hacer politiquería por criticarlo, lo que en realidad hace es desactivar el pensamiento crítico, amedrentar la participación y reforzar su posición jerárquica. Pierre Bourdieu lo explicaba con claridad: “el poder simbólico es el poder de imponer una visión del mundo como legítima”. Nombrar la crítica como politiquería es una forma de violencia simbólica.
Lo paradójico es que esta práctica no es exclusiva de gobiernos de derecha o de izquierda. México ha vivido, bajo distintos colores partidistas, la consolidación de aparatos mediáticos al servicio del poder: antes desde los grandes consorcios privados, hoy desde plataformas oficiales como las conferencias matutinas. El mecanismo es el mismo: construir una verdad única y desacreditar las voces disidentes.
Frente a esto, el sentido crítico no es un lujo intelectual, sino una necesidad democrática. Cornelius Castoriadis sostenía que “una sociedad autónoma es aquella que se interroga a sí misma”. Sin cuestionamiento no hay transformación; sin participación no hay comunidad.
Hacer comunidad implica hacer política en su sentido más noble: participar culturalmente, organizarse socialmente, decidir colectivamente, escuchar voces diversas, sostener discusiones incómodas pero necesarias. Confundir la política con la obediencia a un partido o a un líder es uno de los errores más graves de nuestra época.
Opinar es vital. Cuestionar es un derecho. Participar es una responsabilidad social. Y cuando el poder intenta deslegitimar estas acciones, lo que está en juego no es la estabilidad de un gobierno, sino la salud democrática de toda la sociedad.
No renunciemos, entonces, a nuestro papel como actores políticos de lo cotidiano. Porque en esa renuncia no gana la neutralidad: gana el silencio. Y el silencio, en política, siempre beneficia al poder.
Hasta la próxima.
