La permanencia de Joaquín García Martínez al frente de los parques Tangamanga I y II debería estar en la agenda prioritaria del gobernador del Estado. Fuentes internas señalan que su salida es inminente, debido a una cadena de incidentes, omisiones y controversias que han deteriorado la operación y la seguridad de estos espacios públicos.
García Martínez, cercano operador del actual gobierno estatal y previamente vinculado a tareas político-electorales en municipios del interior, ha sido visto con mayor frecuencia entregando despensas y dádivas gubernamentales en diversas demarcaciones que supervisando las funciones básicas de los parques. Ese activismo externo —descritos por trabajadores como “labores paralelas” ajenas al cargo— habría dejado rezagados los trabajos de mantenimiento y vigilancia.
Al interior de los parques, la inconformidad ha crecido. Personal operativo reporta la falta de trabajadores suficientes, la carencia de herramientas y una reducción notable en los recursos para conservación y seguridad. El deterioro se ha manifestado en incidentes recientes que han encendido las alarmas.
Uno de los casos más recientes se dio este fin de semana con la muerte de Sherkie, un león resguardado en una de las Unidades de Manejo Animal (UMA) que dependen directamente de la administración de los parques. Aunque no se ha informado la causa oficial del fallecimiento, activistas habían señalado previamente posibles fallas en el protocolo de salud y supervisión del ejemplar, poniendo en duda el manejo técnico de estas unidades.
En otro hecho ocurrido este año, un borrego perteneciente al programa de pastoreo controlado embistió a una mujer. Dejaron al animal sin supervisión y terminó causando lesiones considerables a la visitante.
Tan solo el día de ayer atropellaron a otra mujer dentro del parque; la atención tardó debido a que el equipo carecía de vehículos y personal disponible para responder de inmediato. La vigilancia, coinciden diversos trabajadores, “se ha venido abajo” en los últimos meses por recortes y rotación de elementos.
A estos problemas operativos se suman dos escándalos que terminaron por agravar la crisis. El primero: el pago de 25 millones de pesos a empresas de comunicación vinculadas al diputado local Héctor Serrano, hecho que generó cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos asignados a los parques. El segundo: la balacera y el presunto intento de secuestro registrados este miércoles 10 de diciembre en el parque Tangamanga I, muy cerca de una zona concurrida durante una actividad escolar. Este episodio dejó en evidencia la incapacidad de respuesta inmediata y la nula vigilancia y control de acceso al parque.
García Martínez tiene señalamientos en distintas etapas de su carrera por priorizar agendas políticas antes que administrativas.
Su paso por otras dependencias ha estado marcado por cuestionamientos sobre su capacidad y aptitudes para desempeñar un cargo, el cual pareciera más el pago de un favor político.
