En el ejercicio del periodismo, incomodar al poder es parte del oficio; lo que no puede normalizarse es que las instituciones del Estado operen como mecanismos de presión y descrédito. Lo ocurrido recientemente con Central San Luis y con quien suscribe, evidencia un intento deliberado por distorsionar la narrativa para intimidar y silenciar una línea editorial que ha documentado, con rigor, las fallas del sistema.
Resulta especialmente relevante el pronunciamiento de la jueza Fátima Viera. Con la integridad que exige su investidura, desmintió la narrativa oficialista que buscaba utilizar su caso para atacarme desde pseudo medios y redes sociales.
La juzgadora ha sido clara: no me conoce, no me señaló en su denuncia ante el CEEPAC y, además, reconoce que fue nuestro trabajo periodístico el que visibilizó la violencia de género que enfrentó en el ejercicio de sus funciones.
Pese a ello, el hostigamiento persiste. Hemos documentado una campaña de desprestigio impulsada desde distintos espacios del gobierno estatal, donde incluso resoluciones institucionales son utilizadas como herramientas políticas.
Este uso faccioso de las instituciones no busca proteger a las víctimas ni atender la violencia de género; pretende desacreditar mi labor y afectar mi reputación mediante interpretaciones dolosas y sin sustento. Es una lógica conocida: cuando no se puede refutar la información, se intenta desacreditar a quien la publica.
Reconozco la firmeza de la jueza Viera al evidenciar este intento de manipulación. Su postura exhibe a quienes pretendieron instrumentalizar una causa legítima para fines personales.
La libertad de expresión no se concede: se ejerce y se defiende. Continuaremos informando con rigor. Al final, cuando se disipan las campañas de lodo, prevalecen los hechos y persiste la verdad.
Hoy más que nunca lo sostengo: no nos van a callar.
