San Luis Potosí vive una crisis de seguridad que se recrudece en todos los frentes: delitos del fuero común, presencia del crimen organizado, robos a comercios, feminicidios, desapariciones y una sensación de abandono cada vez más generalizada.
Y en este debate , hay algo que no se puede perder de vista: la seguridad pública es responsabilidad de los tres niveles de gobierno, no solo del Gobierno de San Luis Capital.
Sin embargo, mientras los delitos aumentan y las familias viven con miedo, se vuelve evidente que falta de coordinación técnica y estratégica por parte Gobierno del Estado quien tiene la responsabilidad de garantizar la paz está ausente.
Hoy, los municipios de San Luis Potosí enfrentan un abandono real: sin reconocer que los mismos carecen de herramientas suficientes si no existe una estrategia sólida desde el estado, con respaldo operativo, inteligencia, tecnología y coordinación con la federación.
De enero a marzo de 2025, San Luis Potosí registró 15,263 delitos, representando el 3.06% de la incidencia total nacional, ubicándose en el lugar 11 de las 32 entidades federativas .
Yo te pregunto estimado lector ¿Dónde está la estrategia que tanto presume nuestro flamante Gobernador?
Una política de seguridad efectiva se construye con tres pilares fundamentales: inteligencia, articulación operativa y evaluación. San Luis Potosí carece de estos elementos en su nivel estatal. No hay una estrategia transversal que conecte prevención, contención y procuración de justicia. Tampoco hay evidencia pública de diagnósticos criminales por cada una de las 4 regiones de nuestro Estado, ni un sistema claro de priorización territorial para la intervención policial.
Una estrategia estatal real debería contemplar:
• Inteligencia criminal basada en evidencia, no en intuición política.
• Operativos compartidos entre niveles de gobierno, con objetivos claros y responsabilidades diferenciadas.
• Mecanismos de evaluación y transparencia para conocer si las acciones están funcionando.
Hoy eso no existe. Lo que sí existe es un creciente descontento social, un aumento en la percepción de inseguridad, y la insistencia del Ejecutivo estatal en desviar la atención culpando al Gobierno Municipal.
En contraste, el Gobierno Municipal de la Capital sí ha asumido su responsabilidad desde el enfoque que le compete: la prevención del delito. A pesar de contar con recursos más limitados, se han consolidado acciones como:
• Estrategias de proximidad social y patrullaje por cuadrantes.
• Fortalecimiento del tejido social a través de programas de atención a los colonos e intervención en espacios públicos.
• Profesionalización y capacitación constante de su cuerpo policiaco.
El Municipio ha hecho lo que le toca: evitar que el delito ocurra. Pero la contención del crimen organizado, el combate al narcomenudeo, el control de armas y el desmantelamiento de redes criminales son tareas estatales y federales. Ahí es donde se está fallando.
Hoy San Luis Potosí no necesita más polarización, sino un nuevo pacto de seguridad que deje de usar la violencia como botín político y empiece a enfrentarla como lo que es: una amenaza al Estado de derecho y a la vida digna de las personas.
Una política de seguridad moderna es aquella que:
• Se construye con evidencia, no con ocurrencias.
• Se diseña entre niveles de gobierno, no en solitario.
• Se evalúa con resultados, no con propaganda.
La Constitución es clara: se trata de una función concurrente, compartida y complementaria. No obstante, pareciera que esta responsabilidad colectiva se ha convertido en una competencia de culpas.
El gobierno municipal ha mostrado responsabilidad. Ahora es momento de que el estado asuma la suya
Porque sin estrategia no hay seguridad. Y sin seguridad, no hay Estado.
