“En política, la forma es fondo.”
— Jesús Reyes Heroles
¿De verdad la política potosina volverá a apostar por empresarios cercanos al poder como si fueran salvadores providenciales?
La reciente visita a la capital potosina del empresario huasteco Gerardo Sánchez Zumaya para reunirse con estructuras políticas vuelve a encender una pregunta incómoda: ¿hacia dónde se mueve realmente Morena en San Luis Potosí rumbo a las próximas elecciones?
Zumaya, originario de Tanquián, Escobedo, en la Huasteca potosina, se incorporó formalmente a Morena en 2025 con el discurso de “sumar a la transformación” y recorrer las cuatro regiones del estado para fortalecer al partido.
Su perfil es el de un empresario joven —apenas 34 años— vinculado al sector energético y director de la empresa Petrogesa, dedicada a negocios petroleros y tecnológicos.
Hasta ahí, podría parecer la historia clásica de un empresario exitoso que decide entrar a la política. Pero el problema es que la historia no termina ahí.
Distintos reportes periodísticos han señalado que el empresario ha sido denunciado por presuntas irregularidades vinculadas con contratos de su empresa con Pemex, incluyendo acusaciones de fraude fiscal y lavado de dinero relacionados con una red de empresas que habrían facturado miles de millones de pesos. ¿Suposiciones y especulaciones? En tiempos de política, todo es factible.
En su defensa, el propio empresario ha sostenido que únicamente cuenta con algunos contratos con la petrolera estatal por alrededor de 530 millones de pesos y que no ha sido notificado formalmente de las acusaciones.
Pero más allá de lo que determinen las autoridades —porque en política también importa la presunción de inocencia— la pregunta central sigue siendo política, no judicial.
Si algo hemos aprendido los potosinos en los últimos años es que los proyectos políticos basados en estructuras clientelares, apoyos sociales convertidos en mecanismos de control electoral y campañas financiadas por grandes recursos económicos terminan produciendo exactamente lo que hoy padecemos.
Basta mirar el modelo que ha consolidado la llamada gallardía.
El gobierno encabezado por Ricardo Gallardo Cardona ha sido señalado por muchos sectores como uno de los más opacos, despilfarradores y cuestionados de la historia reciente del estado. Y ese modelo no nació ayer: se gestó desde los tiempos de la alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez y posteriormente en la capital potosina.
Despensas, programas sociales convertidos en propaganda política, control mediático y una narrativa permanente de confrontación.
Si Morena pretende enfrentar ese modelo con algo distinto, la pregunta es si apostar por empresarios cercanos a círculos de poder nacional realmente representa un cambio… o simplemente una versión distinta del mismo fenómeno.
Porque cuando uno escucha los discursos de estos nuevos aspirantes, el guion parece repetirse: atacar a los medios críticos —a los que llaman “patito”—, prometer transformaciones grandilocuentes y presentarse como figuras capaces de “rescatar” al estado.
Pero cuando se busca una trayectoria social clara, una historia de trabajo de base o un compromiso real con causas ciudadanas, lo que aparece es otra cosa: relaciones con figuras del poder nacional, cercanía con operadores políticos y una narrativa cuidadosamente construida.
En ese escenario también aparecen otros nombres dentro de Morena:
Rita Ozalia Rodríguez Velázquez y Rosa Icela Rodríguez, quienes también son mencionadas como posibles cartas rumbo a la gubernatura o la alcaldía.
Y por otro lado incluso comienza a circular el nombre de un periodista, Omar Niño, como posible candidato a la alcaldía.
Algo que, en lo personal, debería hacernos reflexionar.
Cuando el periodismo se mezcla con la política partidista, el que pierde casi siempre es el periodismo. Porque esa línea frágil llamada credibilidad se vuelve todavía más vulnerable.
Y hablando de periodismo, no puedo cerrar esta reflexión sin expresar mi solidaridad con Jesús Ramírez Jurado, quien recientemente fue objeto de ataques y acusaciones que provienen, como suele ocurrir en estos casos, de aparatos oficiales de comunicación.
Cuando el poder utiliza recursos públicos para desacreditar periodistas, no estamos ante una disputa política normal: estamos ante un síntoma de deterioro democrático.
San Luis Potosí parece condenado a un ciclo que se repite: nuevos nombres, nuevas campañas, nuevos “salvadores”… pero las mismas estructuras de poder.
La pregunta de fondo sigue intacta: ¿Seguiremos apostando por figuras construidas desde el dinero y la cercanía con el poder… o algún día tendremos el valor de apostar por perfiles verdaderamente ciudadanos?
Porque si algo ha demostrado la historia política de este estado es que los mesías electorales duran poco… pero los daños que dejan, duran décadas.
Hasta la próxima.
