“La libertad de expresión es un derecho fundamental que permite buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras.”
—Artículo 19, organización internacional de derechos humanos dedicada a la defensa y promoción de la libertad de expresión y el derecho a la información en todo el mundo.
¿Qué ocurre cuando un instrumento vital de un medio crítico desaparece de un día para otro del espacio digital? ¿Quién gana cuando se borra la memoria de un proyecto informativo? ¿Qué tan frágil es la libertad de expresión cuando el poder se siente incómodo?
En fechas recientes, Central San Luis fue víctima de un ataque que derivó en la eliminación de su página de Facebook. Más allá del daño técnico, lo que está en juego es profundamente político: la cancelación de un archivo, de una voz, de una línea editorial que ha optado por la crítica y la reflexión en un entorno cada vez más adverso para el disenso.
No es un hecho aislado. Tanto este medio como su director Jesús “Chucho” Ramírez vivió en días previos una escalada de descalificaciones sin rostros claros en su origen pero de obvia especulación. Y dentro de todo ello, una fuerte y delicada sensación del fortalecimiento de que en San Luis Potosí, los ataques a medios críticos han comenzado a configurar un patrón. Un patrón que se alimenta de la intolerancia al cuestionamiento y que, en muchos casos, encuentra respaldo en el uso discrecional de recursos públicos: no solo para debilitar a quienes incomodan, sino para fortalecer a quienes aplauden sin matices.
La historia reciente del país nos ha enseñado que la relación entre poder y medios de comunicación rara vez ha sido tersa. Durante décadas, distintos gobiernos operaron mecanismos de control, coacción y simulación mediática. Se creyó que con la alternancia estas prácticas se transformarían. No ocurrió. Mutaron.
Con la llegada de nuevos proyectos políticos, emergieron también nuevas formas de intervención: redes de comunicación paralela, proliferación de voces que, bajo la apariencia de independencia, replican narrativas oficiales, y una dinámica donde la crítica se convierte en blanco de descalificación sistemática. No se trata ya únicamente de silenciar, sino de saturar, distorsionar y desgastar.
Como advertía Julio Scherer García, fundador y director del semanario mexicano “Proceso”:
“La libertad de expresión no se implora, se ejerce.”
Y ejercerla hoy implica asumir riesgos. Implica sostener una línea editorial en medio de presiones económicas, políticas y simbólicas. Implica también resistir la tentación —cada vez más frecuente en tiempos electorales— de intercambiar ética por supervivencia.
Porque el problema no es solo la censura directa. Es también la autocensura. Es el silencio pactado. Es la renuncia progresiva a la crítica a cambio de prebendas, contratos o simple permanencia en un ecosistema hostil.
La eliminación de espacios como el de Central San Luis no debería leerse únicamente como un agravio a un medio en particular, sino como una advertencia colectiva. Cuando una voz es apagada, se empobrece el debate público. Cuando se normaliza la agresión al pensamiento crítico, se debilita la democracia.
Los medios de comunicación no están para complacer al poder. Están para tensionarlo, para interpelarlo, para evidenciar sus contradicciones. El poder, por definición, tiende al exceso. Por eso necesita límites. Y uno de esos límites es, precisamente, la prensa libre.
Hoy, más que nunca, es necesario decirlo con claridad: no a la censura, no al silenciamiento, no al exterminio de las voces críticas.
Porque cuando el poder deja de tolerar la crítica, no está mostrando fortaleza. Está exhibiendo miedo.
Y un poder que teme a la palabra es un poder que ya comenzó a perder.
Porque nosotros, pese a todo, resistiremos.
Hasta la próxima.
