Tras la salida de Fernando Garduza de la Coordinación de Comunicación Social de la Fiscalía General del Estado (FGE), el área acumula ya más de un mes sin titular. Y aunque podría pensarse que se trata de un hecho extraordinario, lo cierto es que no es novedad: después del despido de Miguel Gallegos a finales de 2024, también permaneció varias semanas acéfala. Al parecer, en una dependencia encargada de procurar justicia, comunicar a la ciudadanía lo que hace no es una prioridad.
La Comunicación Social es, en teoría, la responsable de informar a la ciudadanía sobre el trabajo institucional. Más aún en una instancia de procuración de justicia, donde un desliz en el mensaje puede traducirse en consecuencias legales, sociales o mediáticas; o donde el vacío de información termina por llenarse con fake news, especulación y visos de ingobernabilidad ante hechos sensibles en los que la ciudadanía exige claridad y respuestas.
A esto se suma que la fiscal general, Manuela García Cázarez, se ha vuelto cada vez más reticente a conceder entrevistas a los medios de comunicación. Últimamente, en las pocas ocasiones en que asiste a la mesa de paz y seguridad en las instalaciones del C5, suele retirarse por la puerta trasera, evitando así el encuentro con reporteros que la esperan en la entrada principal.
Una estrategia para evitar cuestionamientos que, si bien reduce el riesgo de algunas preguntas incómodas, también produce el efecto de mantener a la ciudadanía desinformada.
Para encabezar el área se invitó a Juan Carlos Gutiérrez Enríquez, actual director de Planeación de la Coordinación de Comunicación Social de Gobierno del Estado, personaje de quien además se sabe que es uno de los principales operadores de campañas negras en contra de periodistas, activistas y personas que, en su concepción, son «enemigos de la gallardía». Sin embargo, se sabe también que «El Cerati», como es conocido, se ha negado durante varios días a aceptar el cargo. Las razones de su reticencia se desconocen. ¿Por qué será?
