En los últimos días han proliferado manifestaciones que, más que reflejar el sentir genuino de las y los vecinos, responden a grupos claramente orquestados con fines políticos. El tema del agua, por su sensibilidad, está siendo utilizado como bandera de presión y desinformación: desde la difusión unilateral de la deuda de Interapas con Tanque Tenorio —sin considerar el adeudo que también tiene el estado con el organismo operador, que debe equilibrarse, así como el contexto técnico y financiero del caso—, hasta posicionamientos que buscan instalar una narrativa de crisis permanente, ajena a la realidad operativa.
El caso de la manifestación en la Alameda de este viernes es particularmente revelador. Se ha intentado presentar como una exigencia urgente, cuando en realidad se trata de demandas de drenaje que no corresponden a una situación de emergencia, al no existir lluvias ni riesgos de inundación. Este tipo de intervenciones puede y debe programarse con orden y criterio técnico; sin embargo, no se permite avanzar porque el objetivo no parece ser la solución, sino la creación de conflicto.
A la par, resulta imposible ignorar el contexto político en el que surgen estas acciones. Las declaraciones sobre un eventual “borrón y cuenta nueva” en 2027, en plena antesala electoral, abonan a una estrategia que privilegia el impacto mediático sobre la responsabilidad institucional. El agua, en este escenario, deja de ser un tema de gestión pública para convertirse en un instrumento de posicionamiento político.
El problema de fondo es el daño que esto genera. Alimentar movilizaciones sin sustento técnico, distorsionar información y obstaculizar soluciones reales no solo entorpece la atención de los servicios, sino que siembra incertidumbre y psicosis en la población. Quienes impulsan estas acciones parecen no dimensionar que jugar con un tema tan delicado tiene consecuencias directas en la vida cotidiana de miles de personas.
El agua exige seriedad, no estrategias de confrontación.
