A casi un año de la despenalización del aborto en San Luis Potosí, el Frente Marea Verde advirtió que el derecho legal aún no se traduce en acceso real para mujeres y personas gestantes en todo el estado.
En un posicionamiento público, el colectivo cuestionó las declaraciones de Gloria Serrato, encargada de despacho de la Secretaría de las Mujeres, sobre la cobertura de los servicios de aborto seguro. Según Marea Verde, la situación que enfrentan las personas en regiones rurales e indígenas difiere significativamente de lo que indican las autoridades.
El acceso al aborto en el IMSS, señalaron, está restringido a derechohabientes, lo que deja fuera a miles de mujeres sin seguridad social. En la Huasteca, región con alta marginación, solo un hospital del IMSS ofrece la interrupción legal del embarazo (ILE). Además, no existe información pública clara sobre hospitales regionales habilitados; el mapa oficial del portal estatal solo muestra una clínica en Rioverde, mientras que los enlaces dirigen a documentos federales poco prácticos.
El colectivo destacó la labor de las redes de acompañamiento feminista, que desde hace más de una década proporcionan información segura y basada en evidencia científica, siguiendo lineamientos de la Secretaría de Salud federal y la OMS.
Entre sus exigencias, Marea Verde incluyó:
- Transparencia sobre hospitales habilitados para ILE.
- Abasto garantizado de medicamentos e insumos.
- Cese de discursos criminalizantes contra acompañantes feministas.
- Diálogo con redes de acompañamiento.
- Campañas públicas claras y multilingües.
- Reconocimiento de la autogestión como práctica segura.
El colectivo concluyó que “un derecho sin información, infraestructura ni medicamentos es un derecho vacío” y reiteró su compromiso de seguir acompañando y exigiendo que el aborto legal en San Luis Potosí sea seguro, gratuito y accesible para todo el estado.
