A más de un año de que el Congreso del Estado iniciara el trámite del juicio político contra la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Giovanna Itzel Argüelles Moreno, las víctimas María de Jesús Armendarez Prieto, conocida como “Marichuy”, y Silvia Castillo mantienen su lucha por la justicia. Este martes, Armendarez Prieto acudió nuevamente al Congreso para entregar más pruebas que respaldan su solicitud de destitución de la titular de la CEDH.
“Vengo a presentar más pruebas de todas las violaciones que siguen habiendo en mi contra con derechos humanos. A pesar de que ya gané un amparo, de todos modos no bajan la guardia y siguen violentándome mis derechos”, denunció la activista, quien asegura que la ombudsperson y su equipo continúan actuando de manera omisa y utilizando su posición para litigar en contra de las víctimas.
Entre las pruebas entregadas, destacó amparos federales que ha ganado y que, según explicó, no han sido respetados por Argüelles Moreno. Además, criticó la permanencia del secretario ejecutivo Miguel Ángel Carbajal, a quien acusa de minimizar las demandas de las víctimas y de carecer del perfil adecuado para el cargo.
“Ella no respeta los derechos. Está Miguel Carbajal como secretario ejecutivo, cuando tiene una recomendación mía y lo mandé a comparecer; él no tiene el perfil idóneo para estar aquí, aparte de que son omisos”, señaló Armendarez. La activista advirtió que, si el Congreso no actúa, recurrirá a instancias judiciales, incluyendo la Suprema Corte de Justicia.
Fue el pasado 06 de junio de 2024, cuando las Comisiones Unidas de Gobernación y Justicia del Congreso iniciaron formalmente el trámite del juicio político. En ese momento, el diputado Juan Francisco Aguilar Hernández explicó que se requeriría información a la inculpada para definir si se integraría una Comisión Jurisdiccional, pero justificó que todo debía realizarse conforme a los tiempos que marca la Ley de Juicio Político.
Sin embargo, a más de un año de ese inicio, las víctimas denuncian que el Legislativo mantiene la solicitud estancada, mientras la presidenta de la CEDH continúa en funciones y las irregularidades persisten.
El descontento de las víctimas también se manifestó el 30 de noviembre de 2024, cuando Armendarez y Castillo tomaron nuevamente las instalaciones de la CEDH como medida de presión, luego de que el organismo se negara a emitir tres recomendaciones que ya habían sido trabajadas y acordadas.
Durante la ocupación, ambas denunciaron sentirse engañadas por Argüelles y Carbajal. Entre las recomendaciones pendientes se encontraba una contra la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), por violencia laboral hacia Armendarez, y otra contra la Oficialía Mayor, por afectar patrimonialmente a su hijo al negarle bonos por protestas anteriores. En el caso de Castillo, también se le han negado recomendaciones en contra de la Fiscalía, y no se han cumplido acuerdos derivados del plantón de mayo de 2024.
El 30 de noviembre se registró incluso un forcejeo con Carbajal, quien acusó a las manifestantes de privar de la libertad a un trabajador, versión que las víctimas desmintieron, al señalar que la persona se encontraba voluntariamente en el interior. Finalmente, las instalaciones fueron liberadas días después.
Marichuy y Castillo mantienen la exigencia de destituir a Argüelles y de que se cumpla el proceso de juicio político, mientras denuncian la omisión del Congreso ante la gravedad de las irregularidades en la CEDH. Su acción de presentar más pruebas refleja la determinación de las víctimas de no permitir que se vulneren sus derechos, a pesar de los obstáculos institucionales que enfrentan.
