Activistas por los derechos de los animales se manifestaron frente al Congreso del Estado de San Luis Potosí para exigir que se agilice el análisis y la votación de una iniciativa ciudadana que busca duplicar las penas a quienes cometan actos de crueldad contra los animales. La propuesta busca enviar a los responsables a prisión en lugar de quedar libres mediante la reparación del daño.
Karla García, de la asociación Huella Amiga, señaló que uno de los tres presuntos agresores de la perrita Hope, a quien atacaron a palos y quemaron viva en un baldío de El Aguaje en abril, lo liberaron el pasado 8 de octubre tras comprometerse a asistir a seis meses de terapia psicológica. La sanción económica que enfrentó consistió en aproximadamente 2 mil 500 pesos por la cremación del animal y alrededor de 800 pesos en croquetas. Las otras dos personas imputadas por el caso permanecen detenidas.
La activista enfatizó que la asociación se opuso a la liberación sin una valoración adecuada, argumentando que el tratamiento debería ser con un psiquiatra y no un psicólogo, ya que actos de esta naturaleza indican una conducta que no puede considerarse normal. “No venimos por croquetas, sino por un castigo ejemplar que disuada futuros casos de crueldad contra los animales”, dijo García.
Actualmente, la ley vigente no permite que los responsables queden en prisión de manera efectiva, por lo que desde junio se presentó ante el Congreso estatal una iniciativa ciudadana que propone aumentar las penas de cinco a 10 años, y hasta 16 años cuando existan agravantes como la presencia de menores, la videograbación de la agresión, casos de zoofilia o cuando los agresores sean servidores públicos. Hasta la fecha, la iniciativa ha reunido seis mil firmas y los activistas buscan aumentar el apoyo de la ciudadanía. Entre 2023 y 2024 se han judicializado entre siete y 10 casos de maltrato animal en el estado.
