La administración municipal de Rioverde, encabezada por el alcalde Arnulfo Urbiola Román, del Partido Verde Ecologista, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica. Diversos testimonios apuntan a que el edil ha emprendido una serie de acciones punitivas contra el ex candidato de Movimiento Ciudadano, Leobardo Guerrero Aguilar, a quien casi derrota en las elecciones de 2024. El conflicto más reciente gira en torno al Lienzo Charro Las Alazanas, una propiedad familiar ubicada en el ejido Puente del Carmen, que habría sido blanco de daños provocados por orden directa del alcalde.
La ofensiva municipal, según se ha documentado, se ejecuta a través de la Dirección de Catastro, encabezada por Mónica Chávez Rodríguez, funcionaria señalada en múltiples ocasiones por prácticas opacas y presuntos actos de corrupción. El argumento oficial: supuestas quejas vecinales sobre el paso de servidumbre que conecta con la propiedad. Sin embargo, los residentes de la zona niegan rotundamente haber interpuesto queja alguna y, en cambio, acusan al gobierno local de presionarlos para firmar un documento que justifique la intervención.
“Nos quieren obligar a avalar una mentira”, afirmó uno de los habitantes del ejido, quien pidió el anonimato por temor a represalias. De acuerdo con varios vecinos, el paso de servidumbre ha existido y funcionado sin conflictos por más de seis décadas, y el intento por revocar ese derecho ancestral responde más a motivaciones políticas que a necesidades comunitarias.
La familia Guerrero sostiene que estas acciones son parte de una campaña sistemática de hostigamiento iniciada tras los comicios pasados, en los que Leobardo Guerrero estuvo cerca de arrebatar la presidencia municipal a Urbiola Román. Desde entonces, denuncian haber sido blanco de amenazas, intimidación y atentados contra su patrimonio.
