El empresario Martín Charqueño Rodríguez denunció que el alcalde de Rioverde, Arnulfo Urbiola, orquestó un acto de represión política en su contra al ordenar la clausura de su fábrica de lácteos mediante personal de Protección Civil municipal. Según el denunciante, se trató de una represalia directa por una crítica publicada en redes sociales en la que cuestionaba el uso de presuntos “grupos de choque” durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La controversia se originó el pasado fin de semana, cuando Charqueño Rodríguez usó su cuenta personal de Facebook para condenar el maltrato sufrido por un excandidato municipal a manos de integrantes de un supuesto anexo para adicciones. En su publicación, exhortó a la ciudadanía a dejar de financiar dichos anexos con limosnas. La respuesta del gobierno municipal fue fulminante.
De acuerdo con el testimonio del empresario, el lunes por la mañana su planta fue invadida por inspectores de Protección Civil sin presentar orden alguna. “Llegaron cazando en todo momento, buscando cualquier pretexto para cerrarnos”, relató. Aunque presentó toda su documentación en regla —incluyendo permisos de COFEPRIS y planes de operación— los funcionarios habrían actuado con abierta prepotencia y amenazas.
Charqueño Rodríguez denunció haber recibido un mensaje intimidatorio durante la inspección: “Bájale a tus publicaciones contra el patrón o te clausuramos para siempre”. La amenaza se materializó poco después: tras revisar meticulosamente cada rincón sin encontrar fallas significativas, los inspectores ordenaron la clausura inmediata del negocio.
Los sellos dejaron dentro camiones cargados, productos perecederos y maquinaria esencial. Más grave aún, el cierre arbitrario afecta directamente a una decena de trabajadores y sus familias, dejándolos sin sustento.
El empresario fue contundente en su condena: calificó la acción como un acto de soberbia y venganza política, ejecutado por empleados “sin la capacitación ni la profesionalización necesaria para dictaminar cierres de este tipo”. Señaló que con este acto se pretende enviar un mensaje de intimidación para silenciar las voces críticas, confundiendo la autoridad municipal con un feudo personal.
Este caso, advierte Charqueño Rodríguez, evidencia la peligrosa deriva autoritaria de la administración de Arnulfo Urbiola, que en lugar de gobernar con apertura y diálogo, recurre a la fuerza para castigar el disenso y someter a quienes se atreven a cuestionar su gestión.
