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Acusan coacción en Rioverde para apoyar a Ruth González

Empleados municipales denuncian un presunto operativo de acarreo que exige llevar 60 personas a un evento político o enfrentar descuentos salariales.

Testimonios de empleados municipales que solicitaron permanecer en el anonimato por temor a represalias señalan directamente a la coordinación de comités municipales y a funcionarios cercanos a la administración del alcalde Arnulfo Urbiola Román por presuntamente instrumentar un esquema de “acarreo” forzado que, aseguran, vulnera sus derechos laborales y su libertad política.

De acuerdo con las denuncias, el mecanismo ha sido identificado internamente como “Operativo 60”, una instrucción que obliga a cada trabajador a garantizar la asistencia de 60 personas a un evento político.

Para demostrar el cumplimiento de la cuota, los empleados aseguran que se les ha exigido integrar un expediente que deberá entregarse a más tardar este viernes, el cual debe incluir:

  • Copias de la credencial de elector de cada invitado
  • Números telefónicos de contacto
  • Fotografías de las personas convocadas

Según los testimonios, este material sería utilizado para cotejar en tiempo real la lista de asistencia durante el evento, con el objetivo de verificar que cada empleado cumpla con el número asignado.

Los denunciantes señalan como operadores de estas presiones a Margarita Elizabeth Vega, coordinadora de comités municipales, y al asesor de gabinete Antero Ugalde, quienes presuntamente han advertido que quienes no cumplan con la cuota enfrentarán el descuento de un día de salario.

Uno de los trabajadores afectados afirmó que las presiones se han presentado de forma directa y reiterada.

Nos dicen claramente que si no estamos con el proyecto del ‘Gallardismo’, no tenemos lugar en la nómina. Se sienten dueños de nuestro trabajo y de nuestra libertad política”, expresó.

Los empleados consultados consideran que estas prácticas constituyen una coacción indebida hacia personal de la administración pública, además de una posible utilización de recursos humanos del ayuntamiento con fines políticos.

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