Ejidatarios de La Pila han denunciado un esquema sistemático de despojo, amenazas y venta ilegal de tierras en el que señalan como uno de los principales beneficiarios al exdiputado local de Morena, José Antonio Lorca Valle, quien habría aprovechado su influencia política para expandir negocios vinculados al sector de las comunicaciones.
De acuerdo con testimonios de los ejidatarios encabezados por Eulogio López Delgado, Miguel Adán López Ávalos y Guadalupe Segura Sustaita, el comisariado ejidal, bajo la presidencia de Guadalupe Martínez, ha promovido la venta irregular de más de 51 hectáreas parceladas y de uso común, sin consentimiento de la asamblea general de ejidatarios, requisito legal indispensable para cualquier enajenación de tierras ejidales.
El caso ha escalado con la denuncia de la suspensión ilegal de derechos agrarios individuales de más de 60 ejidatarios —mediante un acta de asamblea del pasado 14 de abril— acto calificado como arbitrario y fuera de la ley. Mientras tanto, el presidente del comisariado se habría autoasignado 160 hectáreas de tierra, en una maniobra considerada un abierto atropello a la normatividad agraria.
Entre los empresarios que se habrían beneficiado de este esquema figura José Antonio Lorca Valle. Aunque ha insistido públicamente en que no posee tierras en La Pila y solo cuenta con derechos ejidales desde 2016, documentos oficiales contradicen sus dichos: en el acta de asamblea del 18 de noviembre de 2018 aparece asignado con 10,498.5 metros cuadrados de derechos parcelarios, junto con familiares cercanos.
Los denunciantes señalan que las ventas irregulares se han dirigido, de forma oportunista, a familias y grupos empresariales vinculados con la urbanización de la zona, como los Lorca Valle, Valladares y Torres Corzo. En particular, destacan el interés en las tierras colindantes con la llamada “Vía Alterna”, proyecto carretero clave que conecta con el Área Natural Protegida (ANP) de San Juan de Guadalupe y el ya urbanizado ejido El Aguaje.
“Han aprovechado la expansión urbana para hacerse de las tierras con engaños y violencia legal”, acusaron. En el Tribunal Unitario Agrario, los afectados han exigido la ejecución de una medida precautoria ordenada por un juez de amparo para blindar los terrenos de los dueños originales. Alegan que el comisariado «inventó» asambleas para legitimar estas ventas, asignando bloques de 10 a 30 hectáreas a empresarios como Héctor Gómez Valle y el propio José Antonio Lorca Valle.
