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Advierten posible intervención federal por uso de tiradero clausurado en El Zapote

El tiradero podría enfrentar sanciones federales si continúa operando pese a incumplir la Norma Oficial Mexicana 083.

El tiradero a cielo abierto ubicado en la comunidad de El Zapote, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, podría derivar en responsabilidades federales si continúa recibiendo residuos pese a contar con una orden de clausura total, advirtió Carlos Álvarez Flores, presidente de la organización civil México, Comunicación y Ambiente.

El activista señaló que cerraron formalmente el sitio desde el año pasado por incumplir disposiciones ambientales federales y forma parte de un grupo de al menos 30 tiraderos en el país que se encuentran en condiciones similares. La clausura se sustenta en violaciones a la Norma Oficial Mexicana 083 Semarnat 2003, que establece criterios técnicos para la ubicación y operación de sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos.

De acuerdo con lo expuesto, el predio presenta diversas restricciones contempladas en la norma, entre ellas el riesgo de contaminación de fuentes de agua, su localización en una zona susceptible a inundaciones y su cercanía con áreas naturales protegidas. También se advierte proximidad con zonas de agrietamiento, mantos acuíferos destinados al abastecimiento de agua potable, áreas de valor histórico y terrenos con inestabilidad del suelo.

Álvarez Flores sostuvo que el lugar opera desde hace años sin cumplir con los lineamientos ambientales vigentes y recordó que desde 2008 o 2009 existían antecedentes de denuncia pública sobre las condiciones del tiradero. En ese contexto, cuestionó que se desatiendan resoluciones federales, al subrayar que la vigilancia ambiental corresponde a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, autoridad encargada de supervisar y sancionar incumplimientos en la materia.

El representante de la organización civil advirtió que, de mantenerse el depósito de basura en el sitio clausurado, el caso podría escalar a la intervención del Ministerio Público Federal por la posible comisión de delitos ambientales.

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