El consumo de la droga conocida como cristal se ha convertido en una de las principales problemáticas de adicciones en San Luis Potosí y actualmente rebasa la capacidad de atención disponible en centros especializados, advirtió Saúl Montenegro Mendoza, representante de la red de centros de rehabilitación Unidos Sin Bandera.
El activista señaló que la magnitud real del problema podría ser mucho mayor a la que reflejan los registros oficiales. Aunque la Encuesta Nacional de Adicciones (ENAD) reporta reducciones en algunos indicadores, explicó que existe una amplia “cifra negra” de personas que consumen drogas y que no aparecen en las estadísticas. De acuerdo con estimaciones de la red de centros de rehabilitación, por cada persona identificada con adicción podría haber al menos cinco más que no están contabilizadas.
Montenegro Mendoza explicó que uno de los principales retos es la falta de atención médica especializada para quienes desarrollan crisis derivadas del consumo de cristal. Señaló que muchos de estos episodios no llegan a hospitales debido a las limitaciones del sistema de salud mental y al reducido número de especialistas en psiquiatría disponibles en la entidad.
El representante indicó que, aunque sustancias como la marihuana siguen teniendo presencia entre los consumidores y la cocaína registra algunos repuntes, el cristal se ha posicionado como la droga predominante debido a su bajo costo y fácil acceso. Además, subrayó que su consumo provoca daños severos en la salud física y mental, particularmente entre jóvenes.
Añadió que los efectos de esta problemática ya son visibles en espacios públicos, donde cada vez es más común observar a personas con deterioro mental asociado al consumo de drogas viviendo en condiciones de abandono.
Ante este panorama, representantes de diversos centros de rehabilitación sostuvieron recientemente una reunión con el diputado Emilio Rosas Montiel para exponer la necesidad de impulsar políticas públicas enfocadas en la justicia terapéutica, un enfoque que busca priorizar el tratamiento y la atención médica por encima de la criminalización del consumo.
Los especialistas consideraron que fortalecer los programas de prevención, ampliar la cobertura de atención en salud mental y promover estrategias de rehabilitación podrían contribuir a enfrentar el crecimiento del consumo de cristal en el estado.
