Este 18 de diciembre venció el plazo legal para que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovieran una acción de inconstitucionalidad contra la reforma al Código Penal de San Luis Potosí que sanciona el denominado “uso indebido” de la inteligencia artificial, modificación que se cuestionó por su posible impacto en la libertad de expresión.
En el cierre del periodo constitucional, periodistas y personas defensoras de derechos humanos entregaron oficios a ambos organismos para solicitar que ejercieran esta facultad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), conforme a los tiempos previstos en la ley. La solicitud se realizó justo cuando concluía el plazo establecido para impugnar reformas aprobadas por los congresos locales.
El respaldo lo impulsó el Grupo Ciudadano de Trabajo, conformado por:
- La Red de Mujeres Periodistas de San Luis Potosí
- El Colectivo Derechos Urbanos
- El medio La Alcantarilla
- La Asociación Voz y Dignidad por los Nuestros
- La Colectiva DignidadEs Todas las Justicias
- La Clínica de Litigio Estratégico de la UASLP
- a asociación Educación y Ciudadanía.
Se sumaron a la petición presentada por Luis González Lozano, representante de la asociación civil Cambio de Ruta.
Las organizaciones señalaron que la reforma, promovida por el diputado del PVEM Héctor Serrano Cortés y aprobada por el Congreso del Estado el 14 de noviembre, introduce conceptos que consideran ambiguos y de difícil aplicación técnica y jurídica. Advirtieron que esta falta de claridad podría abrir la puerta a interpretaciones arbitrarias por parte de las autoridades y derivar en la criminalización de actividades legítimas como el ejercicio periodístico, la edición de contenidos, la creación artística, la crítica política o el uso informativo y creativo de herramientas de inteligencia artificial.
También recordaron que organizaciones especializadas en derechos digitales, entre ellas Artículo 19, han alertado que los nuevos tipos penales podrían contravenir el principio constitucional de taxatividad establecido en el Artículo 14 de la Constitución, además de incumplir estándares internacionales en materia de derechos humanos, al ampliar de manera discrecional el poder punitivo del Estado y generar un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión.
