El Congreso del Estado de San Luis Potosí avanza contra el tiempo en la organización de la consulta dirigida a pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y personas con discapacidad, sin contar aún con una estrategia metodológica definida ni con un presupuesto establecido.
A pocas semanas de que venza el plazo fijado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Poder Legislativo se encuentra en una fase inicial que incluye la elaboración de preguntas y la delimitación de la población objetivo, lo que ha encendido alertas sobre la viabilidad del proceso.
En este contexto, el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Héctor Serrano Cortés, confirmó que se analiza la posibilidad de contratar a una empresa de estudios de opinión pública para llevar a cabo la consulta. La decisión, explicó, se sustenta principalmente en el prestigio de la firma, más que en su experiencia en ejercicios con enfoque de derechos humanos.
Entre las compañías consideradas se encuentra De las Heras Demotecnia, encabezada por Rodrigo Galván de las Heras, cuyo perfil profesional está enfocado en la medición de percepción ciudadana, evaluación institucional y estudios de mercado. Estas actividades, de acuerdo con especialistas, difieren sustancialmente de los requerimientos técnicos y metodológicos de una consulta previa, libre e informada.
Este tipo de procesos, establecidos por la legislación vigente y respaldados por resoluciones de la SCJN, demandan trabajo de campo, diálogo directo con comunidades, así como un enfoque intercultural que garantice la participación efectiva de los grupos involucrados.
Pese a ello, el legislador sostuvo que la contratación de una empresa externa podría contribuir a reducir costos, luego de que el ejercicio previo —con un gasto cercano a los 9 millones de pesos— fuera invalidado debido a irregularidades atribuibles al propio Congreso.
Especialistas advierten que la falta de planeación, sumada a la posible implementación de metodologías inadecuadas, podría derivar en la repetición de errores y en una nueva invalidación del proceso. De concretarse este escenario, el Congreso prolongaría el incumplimiento de una obligación legal que ha sido postergada durante varios años.
