Desde el arranque de 2026, separaron de sus cargos a al menos 186 trabajadores en distintas áreas del Gobierno de San Luis Potosí, de acuerdo con un registro del Sindicato Independiente de las Trabajadoras y Trabajadores de Gobierno del Estado (SITTGE). La cifra la dio a conocer su secretaria general, Francisca Reséndiz Lara, quien advirtió que los despidos continúan y podrían incrementarse en las próximas semanas.
La dirigente sindical señaló que la mayoría de las separaciones laborales afectaron a personal con amplia antigüedad, en muchos casos próximo a jubilarse o pensionarse, y que los ceses se realizaron sin notificación previa ni claridad administrativa. Incluso, explicó, en varias dependencias los propios responsables administrativos desconocían que habría bajas de personal.
Uno de los recortes más amplios se concentró en el Supremo Tribunal, donde separaron a aproximadamente 150 trabajadores de sus funciones. Aunque se trata de un poder distinto al Ejecutivo, Reséndiz Lara subrayó que los sueldos y la nómina provienen del mismo presupuesto estatal, por lo que el sindicato considera estos despidos dentro de una misma dinámica gubernamental.
Además, se reportaron 11 bajas en la Junta Estatal de Conciliación y Arbitraje y ocho más en la Junta Estatal de Caminos, donde citaron a los trabajadores a una reunión sin previo aviso y los notificaron de su separación, pese a contar con alrededor de 30 años de servicio. En ese caso, posteriormente se les informó que se intentaría gestionar su pensión, aunque sin certeza inmediata sobre el proceso.
En el área de Seguridad Pública, el SITTGE tiene conocimiento de al menos 25 trabajadores afectados. Reséndiz Lara indicó que se trata de personal no operativo que enviaron a funciones de campo pese a contar con dictámenes médicos que lo desaconsejan, lo que derivó en su salida de la corporación.
El sindicato también se mantiene a la espera de información sobre posibles despidos en otras dependencias, como Finanzas y el área de Bellas Artes, donde se han anunciado reuniones que podrían derivar en nuevas separaciones laborales.
Para el SITTGE, estos movimientos no responden a una reducción de la nómina, sino a un proceso de sustitución de personal. Como ejemplo, Reséndiz Lara mencionó que en la Junta Estatal de Caminos se despidió a trabajadores con experiencia en evaluación de carreteras, lo que afecta el desarrollo de esas labores al reemplazarlos por perfiles distintos.
Ante esta situación, el sindicato ha activado un protocolo para documentar los despidos que, aseguran, en muchos casos no cumplen con la normatividad. Explicó que se han levantado alrededor de 35 actas notariadas para dejar constancia de que a varios trabajadores se les impidió el acceso a su centro laboral, incluso sin la intervención de una autoridad facultada para notificarlos.
Finalmente, Reséndiz Lara informó que ya se han presentado demandas ante los tribunales laborales, aunque reconoció que existe un rezago considerable, con casos que se arrastran desde 2021 sin resolución. A pesar de ello, afirmó que el sindicato continuará con las acciones legales, al considerar que el próximo gobierno deberá hacerse cargo de los pendientes laborales que queden sin atender.
