La obra que el Ayuntamiento de Rioverde, encabezado por Arnulfo Urbiola Román, promocionó como la más grande e histórica del municipio, hoy se hunde, no por falta de agua, sino por presuntas irregularidades, fallas técnicas graves y opacidad en el manejo de recursos públicos.
Se trata de la alberca municipal, un proyecto que costó más de 13 millones de pesos y que, pese a haber sido inaugurado desde hace varios meses, continúa cerrada al público por presentar daños estructurales severos. Entre las fallas detectadas se encuentran grietas visibles, fugas constantes, bombas quemadas y un pozo que ya se secó, lo que hace inviable su operación. Lo que se anunció como un impulso al deporte acuático se ha convertido en un espacio abandonado, hoy reducido a un estanque improductivo y foco de insalubridad.
La obra fue adjudicada por un monto de 13.4 millones de pesos a Omar Alejandro Rodríguez Galindo, quien se ostenta como ingeniero civil. Este contratista ha sido vinculado también con otras obras municipales cuestionadas, como el Mercado, el nuevo rastro y la rehabilitación de la calle Morelos, todas señaladas por deficiencias constructivas, uso de materiales de baja calidad y errores técnicos de consideración.
De acuerdo con información técnica preliminar, la alberca habría sido ejecutada sin un proyecto formal debidamente sustentado. Se habrían omitido estudios fundamentales, como la mecánica de suelos y las memorias de cálculo estructural, además de ignorar el catálogo de conceptos. El resultado final dista significativamente del render y proyecto original presentados, lo que refuerza las sospechas de improvisación y mala ejecución.
La polémica se agrava por la negativa del Ayuntamiento de Rioverde a transparentar el uso de los recursos federales empleados en la obra. Ante solicitudes de información pública, la administración municipal optó por el silencio. El caso escaló hasta la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), que mediante el Recurso de Revisión 989/2025-3 revocó la respuesta del municipio por considerarla ilegal y ordenó la entrega de la información solicitada.
Actualmente, el gobierno municipal se encuentra en incumplimiento de dicha resolución. La autoridad estatal emitió un ultimátum: si el alcalde y su Unidad de Transparencia no entregan el expediente completo en un plazo de cinco días, se impondrá una multa de hasta 173 mil 760 pesos, equivalente a mil 500 veces la UMA. La sanción se cubriría con recursos públicos del Ramo 28, afectando directamente el presupuesto destinado a obras y desarrollo municipal.
Supervisores de obra advierten posibles asentamientos diferenciales y deficiencias en losas y muros de contención, lo que explicaría las fugas y el deterioro acelerado. Además, se perfila un posible daño patrimonial, ya que la falta de una obra funcional implica una pérdida directa de recursos públicos de origen federal.
