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ASF observa más de 25.6 millones de pesos en la Cuenta Pública 2024 de Rioverde

Las observaciones representan el 81.9 por ciento del total de los recursos federales fiscalizados.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 25 millones 694 mil 292.36 pesos en el municipio de Rioverde, tras la revisión de la Cuenta Pública 2024 correspondiente a la administración encabezada por Arnulfo Urbiola Román.

De acuerdo con la Auditoría de Cumplimiento 2024-D-24024-19-1698-2025, las observaciones representan el 81.9 por ciento del total de los recursos federales fiscalizados, lo que evidencia deficiencias en la gestión del gasto federalizado ejercido por el Ayuntamiento.

El informe señala posibles incumplimientos a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a la Ley de Adquisiciones, relacionados con fallas en procedimientos de contratación y en la comprobación del gasto público.

Entre los montos más relevantes se encuentra un Pliego de Observaciones por 13.4 millones de pesos vinculado al contrato LO-EST-245800026-55-2024, financiado con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN). La ASF indicó que el expediente careció de elementos suficientes para acreditar la correcta ejecución de la obra, además de presentar inconsistencias contrarias a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y a la Ley de Obras Públicas del Estado.

También se identificaron irregularidades en dos expedientes correspondientes a obras de urbanización, donde inicialmente no se acreditó:

  • La suficiencia presupuestal
  • La documentación de los participantes en los procesos de contratación
  • Los dictámenes de excepción a la licitación pública
  • Las ampliaciones de garantías contractuales

Aunque el municipio entregó información adicional durante el proceso de fiscalización, el órgano auditor mantuvo las observaciones por los montos señalados y promovió las acciones correspondientes.

La ASF precisó que las cantidades observadas deberán solventarse o reintegrarse conforme a la normativa vigente, en caso de no acreditarse su correcta aplicación.

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