La eventual implementación de la reforma electoral conocida como “Plan B” obligaría al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana a modificar parte de sus procedimientos, especialmente en la etapa de cómputos al finalizar la jornada electoral.
De acuerdo con el consejero Juan Manuel Ramírez, los cambios dependerán de adecuaciones al reglamento de elecciones del Instituto Nacional Electoral, normativa que rige a los organismos públicos locales electorales en todo el país. En ese sentido, señaló que será necesario esperar las definiciones del INE para ajustar los mecanismos actuales.
Actualmente, al cierre de la votación se desarrollan diversos pasos técnicos antes del cómputo final. Entre ellos, la recepción de paquetes electorales en comités municipales y distritales, la extracción de actas para el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y para las presidencias de los órganos desconcentrados, así como la captura de datos que permite identificar posibles recuentos parciales o totales. Estos procesos, indicó, tendrían que replantearse si se exige un cómputo inmediato.
El consejero explicó que, además, previo a los cómputos se realiza una reunión de trabajo para validar información, definir cuántos paquetes serán recontados y organizar al personal que participará. Bajo el nuevo esquema, estas etapas logísticas podrían comprimirse o transformarse, lo que implicaría una reorganización operativa relevante.
Si bien aclaró que la reforma no comprometería la certeza ni la legalidad de los resultados, advirtió que sí representaría una mayor carga laboral para los órganos desconcentrados. En particular, destacó el impacto en capacitadores y supervisores electorales, quienes inician actividades desde temprana hora y podrían extender sus jornadas hasta el cierre de los cómputos, por lo que sería necesario implementar esquemas de rotación.
En otro punto, mencionó que la reducción en el número de regidurías contemplada en la reforma no generaría afectaciones directas en San Luis Potosí, aunque reconoció que será necesario analizar su aplicación específica en la entidad.
Finalmente, subrayó que cualquier ajuste deberá garantizar tanto el desarrollo adecuado de la jornada electoral como el respeto a los derechos político-electorales de la ciudadanía y de quienes participen como candidatos.
