El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) prevé que los recursos autorizados para el arranque del proceso electoral resultarán insuficientes, pese a la ampliación presupuestal de 25 millones de pesos aprobada recientemente, por lo que analiza solicitar un nuevo incremento para cubrir las actividades previstas a partir de 2026.
El consejero Juan Manuel Ramírez informó que en enero se realizará un análisis detallado para determinar qué acciones podrán solventarse con el presupuesto disponible y qué ajustes serán necesarios. A partir de esta revisión, el organismo definirá el monto adicional que requerirá para garantizar el desarrollo adecuado del proceso electoral.
Para el próximo año, al Ceepac se le autorizó un presupuesto total de 278 millones 559 mil 067 pesos, cifra menor a la solicitada originalmente. De ese monto, 74 millones 680 mil 816 pesos se destinaron al gasto ordinario, 174 millones 215 mil 596 pesos a prerrogativas y financiamiento de partidos políticos, y 25 millones de pesos para el inicio del proceso electoral.
Ramírez explicó que una de las principales preocupaciones es la contratación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), ya que a nivel nacional sólo existen tres empresas con la capacidad técnica y operativa para ofrecer este servicio. Ante el escenario de que en 2027 habrá elecciones en todas las entidades del país, advirtió que posponer la licitación hasta ese año implicaría un riesgo operativo importante.
El consejero recordó que el Ceepac tenía previsto iniciar el proceso de licitación del PREP durante 2026 para asegurar condiciones óptimas, ya que la alta demanda prevista para 2027 podría dificultar la contratación de una empresa confiable en tiempo y forma.
Finalmente, señaló que 2026 representó un periodo de aprendizaje para el organismo electoral, particularmente por la organización de la elección judicial, y destacó que la renovación total de los cargos del Poder Judicial local permitirá que las siguientes elecciones de este tipo se realicen hasta 2030, dejando el proceso de 2027 enfocado en gubernaturas, alcaldías y diputaciones.
