A contrarreloj y con al menos tres consultas públicas pendientes por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Congreso del Estado enfrenta la negativa del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) para participar en la organización de estos procesos.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Héctor Serrano Cortés, confirmó que el organismo electoral rechazó asumir tareas relacionadas con las consultas obligatorias. Señaló que el Poder Legislativo cuenta con facultades para designar a una institución que se encargue de su desarrollo, ya que el plazo para cumplir con las resoluciones judiciales vence antes de que concluya el mes.
Desde el Ceepac se explicó que, durante la reunión sostenida con la JUCOPO, se escucharon los planteamientos del Congreso, pero se precisó que el marco legal no le atribuye funciones para organizar consultas de esta naturaleza. El órgano electoral sostuvo que la obligación deriva directamente de una sentencia emitida por la Suprema Corte, por lo que su cumplimiento corresponde exclusivamente al Congreso local.
La petición de apoyo surgió luego de un encuentro celebrado en diciembre con magistrados del máximo tribunal del país, donde se revisaron los alcances de las consultas ordenadas. Ante limitaciones presupuestales y la presión por acatar los fallos, el Legislativo consideró que el Ceepac podría aportar capacidad operativa para desarrollar los ejercicios participativos.
De acuerdo con la legislación vigente, las autoridades obligadas a consultar a comunidades indígenas se les considera “consultantes”, y cada poder del Estado cuenta con instancias específicas en la materia. En el caso del Legislativo, la responsabilidad recae en su Comisión de Asuntos de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afroamericanas.
Entre los procesos pendientes se encuentra la consulta sobre la posible transición del sistema de partidos políticos a esquemas de usos y costumbres en comunidades indígenas; otra relacionada con derechos humanos; y una más en materia de educación inclusiva para personas con discapacidad. Esta última se desprende de la invalidez de un capítulo completo de la Ley de Educación estatal, debido a que se aprobó sin consulta previa.
Hasta ahora, el Congreso mantiene sin desahogar al menos tres consultas obligatorias, mientras analiza la vía institucional para cumplir con las sentencias de la Corte dentro del plazo establecido.
