La dirigencia del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) defendió los salarios asignados a su presidencia y consejerías, luego de que el análisis del Presupuesto de Egresos evidenciara percepciones superiores a las del titular del Poder Ejecutivo y comparables con las de la Presidencia de la República. Desde el organismo se aseguró que los montos están dentro de los parámetros internos y cumplen con la normativa laboral vigente.
La presidenta del Ceepac, Paloma Blanco López, sostuvo que el Manual de Remuneraciones del organismo establece rangos mínimos y máximos, y que los sueldos actuales se ubican en el nivel más bajo permitido por ese esquema. Añadió que dichas percepciones cuentan con sustento legal y que el Consejo ha mantenido criterios de transparencia en la asignación salarial.
El debate surgió tras la revisión de los tabuladores anexos a la Ley del Presupuesto de Egresos, donde se identifican al menos 75 cargos en organismos autónomos con ingresos anuales que oscilan entre un millón y más de 2.5 millones de pesos. En ese listado figuran la presidencia y las consejerías del Ceepac, con remuneraciones que contrastan con el tope de referencia de 1.3 millones de pesos señalado en la Ley de Remuneraciones estatal.
Para el ejercicio 2026, la presidencia del Ceepac tiene asignado un ingreso anual de 2 millones 488 mil pesos, mientras que cada una de las seis consejerías percibirá 2 millones 354 mil 738 pesos. Estas cifras han reavivado cuestionamientos sobre la congruencia entre los lineamientos estatales y la política salarial de los entes autónomos, en un contexto de contención presupuestal promovido desde el propio gobierno estatal.
Las consejerías del organismo electoral están integradas por Graciela Díaz Vázquez, Juan Manuel Ramírez García, Luis Gerardo Lomelí Rodríguez, Carlos David Cuéllar Arochi, Karla Patricia Solís Dibildox y Óscar Felipe Reyna Jiménez. En comparación, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, percibe una remuneración anual cercana a los 2.9 millones de pesos brutos, incluyendo prestaciones, lo que ha sido usado como referencia en el debate público sobre la proporcionalidad de los sueldos en el ámbito local.
