A menos de cuatro meses de que concluya su existencia jurídica, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) estima que requeriría más de 13.5 millones de pesos para cubrir la liquidación de sus 46 trabajadores de base, en caso de que el Congreso local determine que no los van a incorporar al nuevo órgano garante.
El comisionado presidente, José Gerardo Navarro Alviso, informó que el organismo solicitó al Poder Legislativo una partida presupuestal específica para hacer frente a las indemnizaciones conforme a la antigüedad del personal; sin embargo, no autorizaron el recurso dentro del presupuesto.
El cálculo presentado en el proyecto de egresos —elaborado con base en las condiciones laborales vigentes hasta el cierre de 2025— asciende a 13 millones 543 mil pesos. No obstante, la cifra deberá actualizarse conforme avance el proceso de extinción y se definan las disposiciones legales secundarias.
La desaparición del organismo deriva de una reforma constitucional que establece un plazo de 120 días para emitir las leyes reglamentarias correspondientes. En ese periodo se determinará si van a liquidar al personal o si lo van a transferir al nuevo ente que asumirá las funciones en materia de transparencia y acceso a la información. Navarro Alviso señaló que una eventual incorporación sería una alternativa viable, como ocurrió en el ámbito nacional con la reconfiguración institucional en esta materia.
Actualmente, la CEGAIP cuenta con 46 empleados con plaza de base —algunos con hasta dos décadas de servicio—, por lo que, subrayó, sus derechos laborales deben respetarse en cualquier escenario.
El calendario también abre la posibilidad de que el organismo quede temporalmente bajo la conducción de un solo comisionado. El plazo constitucional para la extinción vence el 30 de junio, mientras que la comisionada Ana Cristina García Nales concluye su encargo el 24 de junio. Ante ello, Navarro Alviso reconoció que podría permanecer al frente de la institución durante la etapa final, aunque precisó que su mandato no termina con la publicación del decreto, sino hasta la creación formal del nuevo órgano dependiente del Poder Ejecutivo.
Mientras se concreta la transición, la CEGAIP mantiene sus actividades ordinarias: resolución de recursos de revisión, verificación de obligaciones de transparencia y operación de la Plataforma Estatal de Transparencia. Además, continúa con la imposición de sanciones a sujetos obligados que incumplen la normativa.
De acuerdo con el comisionado presidente, actualmente existen alrededor de 30 entes —entre ayuntamientos, partidos políticos y organismos operadores de agua— con niveles bajos de cumplimiento. Las sanciones van desde amonestaciones públicas hasta multas de entre 150 mil y 160 mil pesos, las cuales deben cubrir directamente los funcionarios responsables y no con recursos públicos. Las resoluciones serán difundidas a través de los canales oficiales del organismo.
El proceso de desaparición, insistió, no implica un cierre inmediato, sino un procedimiento administrativo que contempla entrega-recepción, definición del nuevo modelo institucional y la eventual reasignación o liquidación del personal.
