Representantes de centros de rehabilitación en el estado, mejor conocidos como «Anexos» se manifestaron este miércoles a las afueras del Congreso local en rechazo a la iniciativa presentada por la diputada Patricia Aradillas, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que busca prohibir el internamiento involuntario en anexos, al considerar esta práctica como una forma de privación ilegal de la libertad.
Durante la protesta, uno de los propietarios de estos centros expresó que la propuesta “tendría que partir de una premisa real y acorde con lo que actualmente se vive”. Afirmó que la iniciativa no toma en cuenta el contexto en el que se desarrollan los problemas de adicciones y salud mental en las familias.
Los manifestantes calificaron como incongruente que se pretenda penalizar a familiares que internan a una persona en crisis o con un consumo problemático de sustancias. “En muchos casos, quien atraviesa una situación así no está en condiciones de tomar decisiones por sí mismo. Señalar como delito el acto de ayudar es reprobable”, señalaron.
Asimismo, reclamaron la falta de atención por parte del Estado ante esta problemática, y aseguraron que los centros de rehabilitación han asumido una función que corresponde a las instituciones públicas. “Hemos salido al quite en un problema que el Estado debería estar resolviendo”, indicaron.
De acuerdo con los inconformes, en San Luis Potosí operan alrededor de 150 anexos, todos con cupo lleno. “Estamos tratando de cooperar con el gobierno en temas de políticas sociales, todo en beneficio de quienes necesitan atención”, afirmaron.
Finalmente, los representantes consideraron que la iniciativa podría ser resultado de un desconocimiento de la realidad que enfrentan tanto los centros como las familias. Solicitaron que el Congreso abra espacios de diálogo antes de avanzar en una posible reforma.
