La organización Ciudadanos Observando ha puesto el foco en una crisis que afecta a miles de trabajadores y jubilados en San Luis Potosí: la alarmante deuda de la Dirección de Pensiones del Estado. Hace apenas nueve meses, las cifras oficiales situaban el adeudo en 4,808 millones de pesos, un crecimiento del 412% desde el inicio de la administración de Ricardo Gallardo Cardona en octubre de 2021.
Lo que más preocupa no es solo el incremento desmesurado, sino la opacidad que ha marcado la gestión de estos recursos. Desde abril de 2024, la Dirección de Pensiones ha dejado de actualizar el monto de la deuda, a pesar de las sospechas de que esta ha continuado aumentando de forma significativa.
Según la organización, el panorama actual resulta aún más alarmante cuando se analiza el historial. Durante la administración de Fernando Toranzo, la deuda de pensiones ascendía a 495 millones de pesos. Su sucesor, Juan Manuel Carreras, sumó 208 millones más, dejando un adeudo total de 703 millones de pesos. Sin embargo, en solo tres años bajo el mandato de Gallardo Cardona, la deuda se ha disparado a niveles sin precedentes, alcanzando los 4,808 millones de pesos hasta el último dato oficial conocido.
La falta de claridad no se limita al crecimiento de la deuda. Según datos de la misma Dirección de Pensiones, los 4,808 millones de pesos no incluyen los adeudos de los Poderes Legislativo y Judicial, ni de los organismos públicos descentralizados y autónomos. Esto significa que la cifra real podría ser incluso mayor, dejando abierta la posibilidad de una deuda monumental que no ha sido reconocida oficialmente.
Ante esta situación, Ciudadanos Observando plantea varias interrogantes:
- ¿Dónde están los fondos ahorrados por los empleados del gobierno durante años?
- ¿Por qué la deuda se ha disparado en solo tres años?
- ¿En qué se han utilizado los recursos destinados a las pensiones?
- ¿Por qué las autoridades han optado por ocultar la información actualizada?
La organización señala que esta crisis no se limita a un mal manejo de los recursos, sino que apunta a una posible complicidad estructural. El Instituto de Fiscalización del Estado de San Luis Potosí, encargado de supervisar y garantizar la transparencia, parece haber evitado cumplir con su papel. La inacción de este organismo refuerza las sospechas de que las irregularidades han sido toleradas, si no es que directamente respaldadas, por las autoridades responsables.
Un futuro incierto para los pensionados
Mientras tanto, los recursos que deberían garantizar la estabilidad financiera de miles de jubilados parecen haberse desvanecido. Lo que debía ser un respaldo seguro para los trabajadores se ha transformado en un símbolo de corrupción e irresponsabilidad.
Ciudadanos Observando exige una investigación exhaustiva y la rendición de cuentas por parte de las autoridades estatales, advirtiendo que la opacidad solo agrava la incertidumbre para las familias que dependen de estos fondos.
