El planteamiento de incrementar la tarifa del transporte urbano en San Luis Potosí vuelve a generar cuestionamientos, ahora por parte de la organización Ciudadanos Observando, que advirtió que no debería autorizarse ningún ajuste mientras los permisionarios no cumplan con las obligaciones que marca la ley.
La postura la expresó su vocero, Guadalupe “Lupillo” González, quien señaló que este tipo de aumentos responde a una práctica recurrente desde hace décadas que prioriza intereses privados por encima de los usuarios.
De acuerdo con el activista, el argumento de que la tarifa actual ya no permite la operación de las unidades no justifica que las autoridades avalen incrementos sin verificar previamente el cumplimiento de los compromisos establecidos. Subrayó que el Congreso local ha permitido ajustes tarifarios conforme al marco legal, pese a que los concesionarios no han cumplido con requisitos básicos para acceder a nuevas tarifas.
Entre las principales irregularidades, González denunció que más de 300 camiones circulan diariamente de manera ilegal, ya que superan los 10 años de antigüedad permitidos y los concesionarios mantienen esas unidades en operación en lugar de sustituirlas.
Afirmó que, si se aplicara la ley de forma estricta, varias unidades vinculadas a los propios permisionarios que promueven el aumento quedarían fuera de operación.
También expuso que la normativa prohíbe la colocación de publicidad electoral en unidades del transporte urbano, sin embargo, una cantidad significativa de camiones mantiene este tipo de propaganda. Indicó que se ha solicitado a las autoridades y a los concesionarios que expliquen esta situación, sin que hasta ahora exista una respuesta oficial.
El vocero de Ciudadanos Observando cuestionó además la posible relación entre los permisionarios del transporte y actores políticos o gubernamentales, al considerar que esta cercanía podría explicar por qué se permiten incrementos sin que se cumplan acuerdos pendientes desde administraciones anteriores.
Finalmente, lamentó la falta de posicionamiento del sector estudiantil, al recordar que en años pasados su participación fue clave para frenar aumentos tarifarios al ser uno de los grupos más afectados. Señaló que la ausencia de pronunciamientos actuales refleja un desinterés o una dispersión de prioridades frente a un tema que impacta directamente en la economía cotidiana de miles de usuarios.
