A un año de la despenalización del aborto en San Luis Potosí, los datos muestran que son las redes feministas —y no las instituciones de salud pública— quienes garantizan en la práctica el acceso a este derecho. De las 674 interrupciones de embarazo registradas entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025, el 69.2 por ciento fueron acompañadas por colectivas y no por hospitales del sistema público.
El informe “Aborto legal y acompañamiento en San Luis Potosí: a un año de la despenalización”, elaborado por el Frente Marea Verde SLP junto con Abortistas MX, Apoyaré A.C., la Red de Médicas por el Derecho a Decidir y Lúminas Centro de Derechos Humanos A.C., evidencia una brecha entre la ley y su aplicación. Aunque las reformas de 2024 y el Decreto 0205 de 2025 obligan a ofrecer el servicio gratuito y seguro, el sistema sanitario sigue rezagado, con opacidad y resistencia institucional.
Los Servicios de Salud del Estado reportaron apenas 136 atenciones en casi un año sin especificar los hospitales involucrados ni reconocer abortos voluntarios. En contraste, las colectivas feministas acompañaron 467 procesos dentro de las primeras 12 semanas de gestación, la mayoría con medicamentos como misoprostol o mifepristona en entornos domésticos y comunitarios.
El IMSS informó sobre 71 procedimientos en dos hospitales: 64 en el General de Zona No. 1 “Zapata” y siete en el No. 6 de Ciudad Valles; únicamente dos de ellos fueron por decisión voluntaria. El ISSSTE, por su parte, no ha entregado información tras solicitar una prórroga.
Las organizaciones concluyen que la despenalización no se ha traducido en una transformación real de las políticas públicas. Persisten la falta de capacitación médica, la objeción de conciencia y el estigma, especialmente en zonas rurales e indígenas. De hecho, los Servicios Estatales de Salud reportaron solo dos cursos sobre aborto en todo el año y el IMSS ninguno.
“El Estado sigue ausente mientras las redes feministas sostienen la salud y la dignidad de cientos de mujeres”, señaló Olga Lucio, de Lúminas Centro de Derechos Humanos A.C.
El Frente Marea Verde propone eliminar cualquier mención del aborto en el Código Penal y trasladar su regulación al ámbito sanitario, garantizando personal capacitado, medicamentos suficientes y protocolos de atención en todos los hospitales públicos. “El aborto es legal, pero todavía no es libre, ni seguro, ni verdaderamente accesible”, advirtió Lucio.
