Más de 50 familias integrantes del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros alcanzaron una serie de compromisos con la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí tras una reunión enfocada en mejorar los procesos de búsqueda y acceso a la justicia en casos de desaparición.
El encuentro, realizado el 17 de marzo, reunió a familiares provenientes de distintas regiones del estado, quienes expusieron problemáticas operativas, rezagos en investigaciones y la necesidad de fortalecer la atención institucional. La reunión se desarrolló en un contexto clave, debido a la transición de la actual unidad encargada de personas desaparecidas hacia una fiscalía especializada, proceso que se prevé tome varios meses.
Uno de los principales acuerdos fue la reasignación de Gerardo Enrique Aguilar Ojeda a un área distinta a la atención directa de casos de desaparición, luego de que las familias manifestaran inconformidades por su desempeño. La decisión fue confirmada por la vicefiscal jurídica Xitlálic Sánchez Servín, quien indicó que, de manera temporal, el fiscal Doroteo Paredes Granado quedará al frente del área durante el proceso administrativo.
Además, las autoridades se comprometieron a entregar un informe detallado sobre las acciones realizadas entre 2021 y 2025, así como a construir, en conjunto con las familias, una agenda para el procesamiento de sitios donde se han localizado indicios de restos humanos. Este punto responde a la preocupación por decenas de lugares pendientes de intervención.
Durante la reunión también se evidenció la reducción de personal en la unidad especializada, lo que ha impactado las labores de investigación y búsqueda. Integrantes del colectivo señalaron que el número de agentes ministeriales y elementos de investigación es insuficiente frente al incremento de casos en la entidad.
Otro de los acuerdos establece la realización de mesas de trabajo mensuales en diferentes regiones del estado, así como reuniones públicas semestrales para informar avances y dar seguimiento a los casos. El objetivo es mantener un canal permanente de comunicación entre autoridades y familias.
La fiscal general María Manuela García Cázares y funcionarios estatales presentes reiteraron su disposición al diálogo y a fortalecer los mecanismos institucionales, mientras que las familias insistieron en la urgencia de resultados concretos.
El colectivo subrayó que estos acuerdos representan un paso importante, pero advirtió que dará seguimiento puntual a su cumplimiento, en un contexto donde la exigencia principal continúa siendo la localización de sus familiares y el acceso a la verdad.
