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Comerciantes de Rioverde acusan presunta solicitud de INE para permanecer en tianguis

Comerciantes del tianguis de la calle Quezada en Rioverde denuncian presunta exigencia de 10 copias de INE para conservar su espacio, señalando posible vínculo político con el PVEM y la actual administración municipal.

En el municipio de Rioverde, comerciantes del tianguis ubicado en la calle Quezada denunciaron públicamente una presunta exigencia de copias de credenciales de elector como condición para conservar su espacio de venta. La práctica, aseguran, estaría relacionada con fines políticos en favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y la estructura conocida como “Gallardía”.

De acuerdo con los testimonios, la dirigente del grupo, Citlalli Orozco, habría solicitado a cada comerciante la entrega de 10 copias de credenciales de elector (INE) correspondientes a distintas personas. Según la versión difundida entre los propios tianguistas, quien no cumpla con el requerimiento podría ser dado de baja del padrón y perder su lugar dentro del mercado ambulante.

En audios compartidos en un grupo interno, la dirigente advierte que la entrega de las identificaciones forma parte de las reglas establecidas y que quienes no estén de acuerdo deberían informar su decisión, ya que —según se escucha— no podrían continuar en el tianguis si no acatan la disposición. En otro fragmento, reconoce que el procedimiento tiene un carácter político y que responde a dinámicas vinculadas con el gobierno en turno.

En las grabaciones también se menciona que el requisito estaría relacionado con lineamientos solicitados por la actual administración municipal encabezada por el alcalde Arnulfo Urbiola Román. Sin embargo, hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial por parte del Ayuntamiento de Rioverde ni del Partido Verde Ecologista de México respecto a las acusaciones.

Entre los comerciantes hay posturas divididas. Algunos consideran que la medida representa una presión indebida que condiciona su derecho al trabajo, mientras que otros han decidido cumplir con la solicitud para evitar posibles represalias. El caso ha generado inquietud en el sector comercial local, al tratarse de un espacio que representa la principal fuente de ingreso para decenas de familias en la región.

La situación ocurre en un contexto donde el uso de datos personales con fines políticos es un tema sensible y regulado por la legislación electoral, por lo que los denunciantes piden claridad sobre el origen y finalidad de la solicitud.

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